Las peticiones de la patronal son similares a las que llevaron a la ruptura

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, lanzó ayer en un artículo en EL PAÍS sus propuestas de reforma laboral, que en muchos puntos coinciden con las que llevaron a la ruptura de la anterior negociación en julio del año pasado:

- Nuevo contrato indefinido y estable con una indemnización intermedia entre el temporal y el indefinido. Convendría encontrar un contrato adecuado para jóvenes como se ha hecho en algún otro país europeo.

- Uso racional del contrato temporal en la línea de otros países europeos.

- El contrato a tiempo parcial es esencial como fórmula de generación de empleo, por lo que debiera ser fomentado.

- La contratación laboral, en materia de costes de extinción y en causas y procedimientos administrativos y judiciales, debería homologarse a los demás países europeos.

- Para combatir el absentismo laboral las mutuas han de tener la facultad de dar altas a efectos económicos. Supresión de la obligación empresarial del pago de la prestación de baja por enfermedad entre el cuarto y el decimoquinto día.

- Negociar la mejora de la flexibilidad interna en la empresa, tanto respecto a las llamadas modificaciones sustanciales del contrato de trabajo como en lo que se refiere a la movilidad funcional y geográfica, siempre que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Formación profesional adecuada.

- Simultáneamente a la necesaria mejora de los Servicios Públicos de Empleo debe intensificarse la colaboración de los servicios privados.

- Reducción de costes por cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

- Díaz Ferrán ve asignaturas pendientes en los procedimientos administrativos de los ERE que conllevan, para el despido colectivo por razones económicas, indemnizaciones que duplican o triplican las cantidades previstas en la ley (20 días por año con un límite de 12 mensualidades). Ve urgente modificar los procedimientos que elevan sustancialmente los costes. Además, ve fundamental que la intervención del juez en los despidos colectivos se limite a verificar la aplicación legal, en vez de ser "un intérprete de decisiones empresariales que normalmente le resultan bastante ajenas".