El plan vivienda prevé movilizar 34.000 millones para préstamos

El Consejo de Ministros también ha dado hoy su visto bueno al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que nace con una inversión de 10.188 millones de euros, un 49% más que el anterior, y movilizará 34.000 millones de euros para préstamos, según ha explicado la titular del ramo, Beatriz Corredor. Además, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado hoy la aprobación de un real decreto que implementará la línea de ayuda del ICO a las pymes, cuyo importe será de 5.000 millones de euros y que serán sufragados por deuda pública con cargo a los Presupuestos del Estado de este año.

El nuevo plan vivienda prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, que se destinarán a permitir el acceso a los ciudadanos a viviendas en compra y, especialmente, en alquiler, promover la urbanización de suelo para viviendas protegidas (VPO) y mejorar el parque de inmuebles actual.

Entre otras mejoras con respecto al plan anterior, amplía el ámbito de las ayudas para atender a las familias de rentas medias, de forma que se extiende la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de 4.000 euros a los hogares con ingresos de hasta 31.449 euros anuales (4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-).

Por su parte, según ha explicado Fernández De la Vega, el real decreto para la ayuda del ICO pretende evitar que ninguna empresa tenga que reducir capital o disolverse como consecuencia de la crisis. Además, pretender subsanar las necesidades de financiación de capital circulante de las empresas que siendo solventes y viables no pueden acceder a los créditos. Los bancos, ha añadido, deberán aportar los otros 5.000 millones para completar la ayuda de 10.000 millones anunciada por el Ejecutivo.

Más capacidad de endeudamiento

Asimismo, la vicepresidenta ha señalado que se incrementa el límite de endeudamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde los 12.500 millones de euros previstos para 2009 hasta los 27.500 millones con el objetivo de atender la financiación de las nuevas líneas de crédito que se están poniendo en marcha.

El real decreto también contiene varias reformas del ordenamiento jurídico mercantil, como la modificación del artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que ayudará a las empresas a hacer frente a las dificultades que se están planteando en estos momentos por la depreciación de sus activos.

Así, de manera excepcional, y sólo durante dos años, la disminución del patrimonio neto de una empresa por la depreciación del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, no se tendrá en cuenta a efectos de las reducciones de capital y de las causas obligatorias de disolución que contemplan la Ley de Sociedades Anónimas y la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.