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EconomíaELPAIS.es 04/04/2006
El Contrat Première Embauche o CPE era un tipo de contrato de trabajo sin limitación de duración. El CPE estaba dirigido a jóvenes de menos de 26 años, contratados por empresas que cuenten con más de 20 trabajadores. El texto contemplaba que empleador pudiera romper el contrato sin dar ninguna explicación durante los dos primeros años.
Salvo falta grave por parte del trabajador, éste tendría una indemnización de fin de trabajo de un 8% -siempre que el empleador sea el origen de la ruptura del contrato-. Además, cuando el titular de un CPE fuera despedido después de estar trabajando 4 meses, contaría con una especie de “mini-paro” de 490 euros al mes durante los dos primeros meses de desempleo.
Si el trabajador llevaba en plantilla menos de un mes, el CPE decía que no era necesario. Si el periodo durante el que ha estado prestando servicios a la empresa se comprendía entre 1 y 5 meses, el empresario tenía obligación de preavisar con 15 días el despido. Si el trabajador lleva en la compañía más de 6 meses, el empresario debía preavisar con un mes de antelación como mínimo.
La lay decía que trabajador debía ser contratado de manera indefinida si superaba los dos años. El periodo de "consolidación" podría ser más corto, ya que al ser un contrato de “Primer Empleo”, los periodos de trabajo anterior –becas, contratos eventuales, otros CPEs, etc...- se descontarían de los 2 años.
El Gobierno francés anunció la creación del nuevo contrato el pasado 16 de enero de 2006. El Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, donde se enmarca la nueva normativa, fue adoptado por la Asamblea Nacional durante la noche del 8 al 9 de febrero de 2006 mediante la utilización del artículo 49-3 de la constitución gala. Este procedimiento, poco utilizado, permitió que se aprobara el proyecto con los votos de 43 de los 250 diputados con que cuenta la Asamblea. Tan sólo estaban presentes 53 diputados en la sala. Por otro lado, el Decreto estaba paralizado gracias a un recurso de la oposición ante el Tribunal Constitucional Francés, que el 30 de marzo decretó la legalidad del texto. El presidente de la República, Jacques Chirac, lo ha ratificado con una moratoria que impide su entrada en vigor hasta que sea reformado con el acuerdo del mayor número posible de sectores. Hoy lo ha retirado.
Después de la aprobación en la Asamblea, surge el conflicto entre los sindicatos y el gobierno y comienzan a movilizarse los estudiantes de los principales liceos y universidades. Más tarde comienzan a apoyar las movilizaciones también los trabajadores, los partidos políticos de oposición y la mayor parte de los sindicatos, creando el movimiento anti-CPE.
La primera manifestación fue convocada el pasado 7 de febrero, el día anterior a la aprobación de la ley en Asamblea, y reunió a más de 400.000 personas en todo el país (1.000 según los sindicatos). El siguiente movimiento se produjo el 10 de marzo, cuando los estudiantes bloquearon diversas universidades, incluida la Sorbona, todo el fin de semana. La noche del 10 al 11 de marzo, la Sorbona fue evacuada por las fuerzas del orden, terminando así la tercera noche de ocupación de los estudiantes, que pedían la derogación de la ley. El 14 y el 16 de marzo se produjeron nuevas jornadas de movilizaciones. Sin embargo, no fue hasta el 18 de marzo cuando el movimiento anti-CPE consiguió reunir a más de 500.000 personas –un millón según la CGT- en 160 ciudades francesas. El penúltimo capítulo fue la huelga general del pasado 28 de marzo. Después de que más de 3 millones de personas se echaran a la calle, según los sindicatos, para protestar por el CPE, Dominique de Villepin reitera su intención de seguir adelante con el CPE y descarta la derogación de la normativa. La última jornada de movilizaciones, el martes 4 de abril, ha conseguido reunir a más de 1 millón de personas en las calles de todo el país.
Villepin justificaba el nuevo contrato con el argumento del alto nivel de desempleo entre la población juvenil. Frente al 9,6% de parados entre la población activa, la tasa de desempleados entre los menores de 25 años asciende al 22,8% y se sitúa en el 40% entre los jóvenes sin cualificación. Según el primer ministro, el CPE mejoraría estos índices y permitiría reducir los abusos a los jóvenes recién salidos de la universidad que son víctimas de "largos periodos de prácticas no remuneradas".
Según el movimiento anti-CPE, el nuevo contrato pretendía reducir los derechos de los trabajadores más jóvenes. El 63% de los franceses, según las encuestas, desaprueba la inflexibilidad de Villepin en torno a este tema. El 71%, por su parte, creía que el movimiento anti-CPE era el reflejo de una crisis social profunda que podría agravarse en las próximas semanas. Según el movimiento Stop-CPE, suponía un insulto a los jóvenes el hecho de que pudieran ser despedidos sin causa alguna durante un periodo de dos años. No lo consideraban una solución al problema del paro.
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