La presión fiscal creció en España seis veces más que en la OCDE en 2007

El desfase con el que se publican las estadísticas arroja resultados paradójicos. Cuando el frenazo de la actividad económica pega dentelladas a la recaudación del Estado, el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca a España entre los países en los que más subió la presión fiscal en 2007.

El análisis publicado ayer por el organismo internacional, que aglutina a 30 economías avanzadas, confirma que en 2006 la presión fiscal en España superó por primera vez la media de estos países. Y que el año pasado siguió creciendo a buen ritmo, hasta situarse en el 37,2% del PIB. Con datos homogéneos (hay que descontar a Australia, Grecia, Japón y Polonia, sin cifras en 2007), la presión fiscal en España aumentó seis veces más (0,6 frente a 0,1 puntos porcentuales) que en el promedio de la OCDE.

Los datos son similares a los que ya publicó el Gobierno, pero es la comparación internacional la que pone en su sitio el avance experimentado por la presión fiscal en España. A diferencia de la última legislatura del PP, en la que el peso de impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB apenas repuntó (del 34% al 34,6%), la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) dejó un incremento significativo (del 34,6% al 37,2%). Entre las grandes economías, sólo Italia y EE UU se acercan al aumento de presión fiscal experimentado por España entre 2004 y 2007, superado únicamente por Corea del Sur, Islandia y Portugal entre los miembros de la OCDE.

El organismo advierte que los resultados del informe deben ser interpretados con cautela. La máxima que se ha impuesto en el debate político, que relaciona más impuestos, y por tanto, más presión fiscal con economías menos competitivas no siempre se cumple, resalta la OCDE: "El peso de impuestos y cotizaciones sociales en el PIB son un reflejo de la elección de los Gobiernos en política fiscal, que tiene una función redistributiva".

Así, Dinamarca se mantiene como el país con una mayor presión fiscal, equivalente al 49% de su PIB. Y es también una de las economías más abiertas del mundo, con una tasa de paro mínima y una gran flexibilidad laboral. Un modelo que se sustenta en la amplia cobertura pública de subsidios de desempleo y otro tipo de ayudas y en el abultado presupuesto destinado a las políticas de orientación laboral.

"Pese a la elevada carga fiscal, las encuestas reflejan regularmente la satisfacción de los daneses con su sociedad igualitaria", destaca el informe de la OCDE, que contrapone este ejemplo con el caso opuesto: "La baja presión fiscal de México [20,5% del PIB] muestra una falta de políticas redistributivas y dificulta la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructuras necesarias".

Ese mismo punto de vista relativiza el incremento de la presión fiscal en España. Es cierto que ha aumentado a una velocidad significativa, pero también lo es que está aún muy por debajo del promedio de las economías de su entorno: en la UE, el peso de impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB se acerca al 41%. Y los expertos relacionan este dato con las carestías del Estado del Bienestar español.

Recorte de impuestos

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, opone a estas cifras que el alza de la presión fiscal no se debe a nuevas normas del Ejecutivo, sino a que el crecimiento económico ha desbordado los objetivos de recaudación, sobre todo en IRPF (el empleo creció la pasada legislatura un 3% de media) y en el impuesto de sociedades (por el mejor resultado de las empresas). De hecho, el aumento de la recaudación por los impuestos sobre los ingresos y los beneficios explican casi todo el incremento de la presión fiscal en 2007.

El dinamismo económico neutralizó en buena parte el resultado de las reformas del IRPF y el impuesto de sociedades, para las que el Gobierno había estimado un recorte de recaudación de 4.500 millones de euros. Las reformas empezaron a aplicarse en 2007, aunque parte del efecto se retrasa porque la primera liquidación de impuestos tras su aplicación se produce este año. Pero ahora lo importante son los efectos de la crisis económica: el crecimiento del PIB casi se ha estancado, pero la recaudación está en caída libre, lo que augura también un parón en el aumento de presión fiscal.