Las quiebras marcan un récord en el primer trimestre de 2009

El estallido de la burbuja inmobiliaria, la caída del consumo y el fuerte aumento del paro en España han casi cuadruplicado el número de personas y empresas, sobre todo pymes, que se han declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) entre enero y marzo. Para la historia quedará ahora este primer trimestre de 2009 con un récord de 1.558 insolvencias, casi cuatro veces más que en el mismo período del ejercicio anterior, tras registrar un fuerte avance del 266,6% por el efecto dominó que originan las quiebras de las grandes empresas en sus proveedores y demás acreedores.

Además, si se mantiene este ritmo hasta final de año, el número de concursos duplicará los 2.902 acaecidos en todo 2008 y se situará entre 5.000 y 6.000, según el Registro de Economistas Forenses, que apunta además que, de momento, el repunte de las insolvencias ha mandado al paro a 38.000 trabajadores.

Sobre esta evolución, la estadística de Procedimiento Concursal hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone en evidencia que este inicio de año está siendo la peor fase de la crisis hasta la fecha, ya que los concursos han repuntado un 44% con respecto a los tres últimos meses de 2008. Sin embargo, no hay consenso sobre si ya se ha tocado fondo o se puede seguir cayendo. De hecho, la firma de servicios legales y auditoria KMPG augura un crecimiento "sostenido, imparable y significativo" en los concursos de acreedores hasta cerrar el año en torno a los 4.000 pese a la reciente modificación de la Ley concursal.

Entre enero y marzo, el número de ciudadanos insolventes se triplicó en variación interanual (creció un 203%), hasta llegar a los 200; en tanto que las empresas y autónomos en concurso de acreedores aumentaron un 278,3%, hasta los 1.358, lo que representa que se han multiplicado casi por cuatro frente al nivel que había un año antes. De ellos, tres de cada diez tenían como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria, mientras el resto estaban relacionados con la industria y la energía, y un 17,8% con el comercio. No obstante, según apuntan desde el Registro de Economistas Forenses, las insolvencias están afectando cada vez más a empresas del sector servicios.

En cualquier caso, la mayoría de las empresas incluidas en esta estadística (un 60%) fueron pymes, al tener un volumen de negocio inferior a dos millones de euros y ser mayoritariamente sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, cuatro de cada diez del total de empresas concursadas en el primer trimestre del año se concentró en el tramo de 10 a 49 asalariados.

Según el tipo de concurso, 1.470 fueron voluntarios, un 280,8% más que en el primer trimestre del año anterior, y 88 necesarios, un 125,6% más. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 218,3% en tasa interanual, mientras que los ordinarios repuntaron un 329,9%. En cuanto a la distribución geográfica de las empresas y particulares insolventes, las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía concentraron el 59,2% del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2009.

A la espera de los efectos de la nueva ley

No obstante, en esta evolución no se refleja el impacto de la reforma de la Ley Concursal, la que se aplica a los procedimientos de insolvencia, que fue aprobada por el Gobierno el 27 de marzo y que entró en vigor el 1 de abril. Un modificación que, según el socio responsable del área Concursal de KPMG Abogados, Gonzalo Aranzabal, ha sido "limitada y urgente" y no ha introducido "ningún elemento significativo para frenar este incremento imparable del número de concursos".

Para Aranzabal, entre sus puntos débiles destaca el hecho de que no da respuesta a las situaciones de sobreendeudamiento de las familias y los consumidores y que tampoco evita el "atasco judicial" ante la "insuficiencia en el número de Juzgados y en los medios de los que disponen para atender esta avalancha" de peticiones de concurso.

En este orden de cosas, desde la Unión de Consumidores de España (UCE) han reclamado la aprobación urgente de una ley de sobreendeudamiento destinada a las familias, que delimite los derechos y garantías de los ciudadanos que atraviesan por esta situación y que sufren las "presiones" de las entidades bancarias tal y como ya exoste en Francia o Alemania.

Según UCE, la actual normativa está pensada fundamenalmente para las empresas, tiene un elevado coste (requiere de abogado y procurador) y establece un procedimiento demasiado complejo, por lo que no es capaz de dar una respuesta adecuada a la situación de endeudamiento que atraviesan muchas familias, que quedan en una situación "clara de indefensión" ante las entidades financieras.