El recelo de las comunidades pone piedras en el camino

La renta de emancipación -una ayuda directa del Ministerio de Vivienda de 210 euros mensuales a percibir durante un máximo de cuatro años, un préstamo de hasta 600 euros para la fianza y un pago de 120 euros para costear un aval- sólo la estaban percibiendo 1.400 jóvenes a mediados de abril, pese a que más de 70.000 se han interesado por conseguirla desde que se aprobó el decreto que la desarrolla. Estas ayudas están dirigidas a facilitar la emancipación de los jóvenes de entre 22 y 30 años que tengan una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos anuales, y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual.

Esa renta dirigida a los jóvenes fue diseñada por la anterior ministra de Vivienda, Carme Chacón, en el último tramo de la legislatura pasada. Pese a la importancia política que le otorgó el Gobierno central, la concesión de las ayudas avanza muy lentamente. En gran parte las demoras obedecen a los recelos de algunas comunidades autónomas, que entienden que la Administración central invade sus competencias. La Comunidad Valenciana y La Rioja han llegado a presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional por conflictos de competencia.