La reforma de las pensiones se atasca por la pugna PP-PSOE

El Parlamento ha obviado la urgencia del Gobierno para reformar las pensiones. El Pacto de Toledo, órgano parlamentario que acuerda los cambios en el sistema público, ha interrumpido los trabajos que inició poco antes del verano debido a la batalla política que libran el Partido Popular y el PSOE. Aunque ambas partes confían en reanudar la discusión en breve, este frenazo a pocas semanas para acabar el año hará muy difícil que el Ejecutivo cuente con una propuesta de reforma antes de enero, como pretendía la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. El Gobierno confía en conseguirlo más adelante: "No hacerlo sería quebrar una de las principales garantías que puede ofrecer España como país", advirtió ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

La distancia que separa las posiciones del PSOE y del PP quedó ayer evidenciada en una jornada sobre pensiones organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección. El diputado popular portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reprochó al Ejecutivo que condicionase el debate parlamentario con su polémica propuesta de elevar la edad legal de jubilación a 67 años y rechazó de plano la medida. "O el consenso es total o no habrá acuerdo", desafió Burgos. Pese a todo, el secretario de Estado se mostró más que convencido de que el Parlamento logrará pactar unas líneas de reforma sobre las que el Gobierno armará su proyecto. "No contemplamos un escenario en el que no haya pacto. Siempre lo ha habido", justificó, tras considerar una irresponsabilidad tratar de impedirlo.

El acuerdo no solo debe implicar a la oposición, sino también a los agentes sociales, según Granado. De momento, las posturas parecen bastante alejadas, especialmente las de los sindicatos, que alertaron del riesgo de que la contienda política desmonte una herramienta como el Pacto de Toledo, que desde 1995 ha permitido pactar las reformas de pensiones.

La comisión parlamentaria lleva dos semanas sin reunirse. Oficialmente son cuestiones de agenda las que impiden fijar nuevas citas, pero lo cierto es que el PP ha pedido la comparecencia en ese órgano del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para que explique sus intenciones y, por tanto, considera inútil mantener nuevas discusiones hasta ese momento.