La relatora de la ONU censura la política de vivienda de Zapatero

Los embargos de viviendas en España pueden aumentar este año un 194% respecto a 2007, de forma que, por ejemplo, unas 180.000 familias latinoamericanas podrían perder sus casas al no poder afrontar la hipoteca. Son dos de las cifras más significativas del informe de la relatora especial por el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, que ayer presentó en Barcelona antes de explicarlo hoy en la ONU.

El informe cuestiona las políticas de vivienda de los últimos años en España y otros países europeos porque considera que sólo se ha estimulado la compra. Rolnik sostiene que "el derecho a la vivienda es una cosa y el derecho a la propiedad privada es otro, pero los Estados han convertido este último en la única opción, y la vivienda ha acabado considerada como un bien de negocio o de inversión".

En su opinión, "la vivienda es un producto de consumo que funciona si existe el crédito". Por eso, añade, "en los últimos años se han inventado mecanismos para que gentes que no reunían las condiciones necesarias, entren en ese circuito. Hasta que la burbuja ha estallado".

Rolnik sostiene que la crisis debería servir para que los gobiernos rectifiquen y revisen sus políticas, "porque no se puede seguir inyectando miles de millones a la banca y olvidando que hay grupos muy amplios que no pueden acceder a una vivienda". Es más fácil y más barato ayudar a esos colectivos a que paguen la renta durante un tiempo que no construir pisos protegidos, siguiendo el modelo de Alemania. Otro ejemplo a seguir, añadió, es el de Manhattan, "capital del capital, pero donde desde hace 30 años, la tercera parte del parque de viviendas nuevas son de alquiler protegido para personas con pocos recursos".

Por el contrario, Rolnik asegura que "las propuestas del Gobierno español que se dicen de ayuda a los inquilinos desregulan más que regulan, de manera que protegen más a los propietarios que a los inquilinos".