El sector agrario urge a que se regule el uso de biocombustibles

El sector agrario ha urgido a la Administración para que se proceda de forma urgente a la regulación de la mezcla de los biocombustibles en los carburantes que usa el transporte. Las asociaciones agrarias señalan que, si no se da luz verde a las mezclas, que empezarían por un 2% para alcanzar el 5,8% en 2010, se puede venir abajo la alternativa de los cultivos energéticos, casi dos millones de hectáreas previstas para estos usos.

Responsables del Ministerio de Agricultura han señalado igualmente la necesidad de que se aplique cuanto antes esta política y así se lo han hecho saber al Ministerio de Industria. Las empresas que operan en el segmento de los biocarburantes, fundamentalmente con el bioetanol, señalan igualmente la necesidad de dar salidas rápidas a la situación.

Para el responsable de los servicios técnicos de UPA, Javier Alejandre, la Administración debe cumplir cuanto antes con los compromisos comunitarios para llevar a cabo las mezclas de bioetanol en las gasolinas y de biodiésel si se pretende cumplir el objetivo comunitario de llegar al 5,75% en el uso de biocarburantes en 2010. El incumplimiento de ese compromiso pueda enterrar el futuro de los cultivos energéticos y poner en peligro las grandes inversiones de las industrias. El sector reclama que se aplique ya una mezcla del 2% para llegar al 5,8% en 2010.

En la actualidad, el bioetanol únicamente se utiliza como aditivo para mejorar el octanaje de la gasolina y no como mezcla directa en el combustible. Y para ello, es más que suficiente la producción del grupo Abengoa en sus plantas de Galicia y Cartagena. Por este motivo, la producción de la planta de Abengoa y Ebro en Salamanca, hasta su cierre temporal por la fuerte subida de los precios de los cereales, se ha tenido que exportar a países de la UE.

En relación con el desarrollo de los cultivos para biodiésel en España, sobre todo colza y girasol, las organizaciones agrarias y las industrias suscribieron un contrato tipo por el que se regulan las relaciones entre ambas partes. El contrato tipo no establece unos precios de compra, pero señala la posibilidad de que cada empresa establezca unos precios mínimos que se pueden incrementar en función de dos variables: el comportamiento de los precios de los productos energéticos y también el de las materias primas para usos alimentarios.

Frente a lo que sucedía en la campaña anterior donde cada empresa aplicaba su política con cada agricultor, a partir de este contrato se establece el pago del 70% del precio a los 90 días desde la entrega de la materia prima y el 30% restante con los incrementos que correspondan en un plazo de 30 días.