Los sindicatos admiten que es necesario reformar las pensiones de viudedad

La intención del Gobierno de recortar el gasto en pensiones ha soliviantado a los sindicatos, pero tanto Comisiones Obreras como UGT comparten algunas de las reformas propuestas. La principal concierne a la pensión de viudedad, que perciben 2,3 millones de personas. Documentos internos de las dos organizaciones, a los que ha tenido acceso este diario, plantean la necesidad de cambios en esa prestación para atender a las nuevas realidades sociales. La solución difiere en cada uno de lución difiere en cada uno de los textos.

CC OO aboga por modificar esta pensión -supone una de cada cuatro del sistema contributivo- "atendiendo a la situación económica del beneficiario y no sólo de su edad". Y UGT plantea como cuestión pendiente, sin definirse, la actual "compatibilidad con otras rentas y el carácter vitalicio de las mismas". Este sindicato constata que la pensión de viudedad es "la más necesitada de reformas por su inadecuación o inadaptación a las realidades sociales, económicas y familiares".

Las organizaciones rechazan elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación

Esa renta se percibe independientemente de los ingresos que tenga el cónyuge superviviente y durante toda la vida del beneficiario. En su propuesta de reforma de las pensiones, el Gobierno plantea, para las nuevas generaciones, sustituirla por una prestación temporal en casos de convivencias cortas y sin hijos.

Con mayor o menor énfasis -el documento de UGT es más valorativo y el de Comisiones, más descriptivo-, los sindicatos se oponen al elemento central de la reforma que proyecta el Gobierno: elevar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Para UGT, se trata de "la propuesta más agresiva", con un "enfoque desacertado" que reduciría la pensión media del sistema. Más tibia, CC OO considera que "no es una prioridad" el retraso obligatorio y propone como alternativa incentivar la permanencia voluntaria en el puesto después de los 65. Ambos sindicatos ven con buenos ojos, sin embargo, poner coto a las prejubilaciones elevando la edad mínima (actualmente, 52 años) para acceder a ellas. CC OO matiza que hay que tratar de forma específica las actividades de mayor desgaste para el trabajador y UGT propone penalizar a las empresas que recurran de forma abusiva a ese mecanismo.

Tampoco gustan, especialmente a UGT, las referencias implícitas del Gobierno a que el cómputo de la pensión no penalice a los despedidos al final de su vida laboral. Esa idea se interpreta como un intento de elevar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la prestación. De hecho, el Ministerio de Economía propuso pasar de los 15 últimos (situación actual) a 25, aunque finalmente se retractó. "Rechazamos frontalmente que [la reforma] se pretenda hacer empobreciendo a los futuros pensionistas, haciéndoles trabajar más años para cobrar una pensión menor", zanja el sindicato. Comisiones no se opone frontalmente -esta organización firmó en 2001 el pacto de pensiones que abría la puerta a aumentar el periodo de cómputo-, sino que la considera "una cuestión controvertida" que deberá abordarse "desde una perspectiva de conjunto".