El tijeretazo del funcionariado no cuadra

A la irlandesa. Así tildan los economistas ahora a la receta que prescribe un tratamiento de choque en el sector público para paliar los destrozos ocasionados en las cuentas estatales por la crisis. El Ejecutivo de Brian Cowen ha impuesto una bajada de sueldos a los funcionarios que fluctúa entre el 5% y el 15%, y ha recortado 9.000 puestos públicos en el último año. Y todo para que el déficit se ancle en el 12% del PIB, un saldo negativo algo superior al de las cuentas españolas. El plan de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, es mucho menos drástico (en España no ha habido que nacionalizar a la banca), pero aun así los números no salen.

El plan de ajuste presentado por Salgado plantea bajar el coste del capítulo de personal en un 4% (unos 5.000 millones) entre 2009 y 2013. Y para ello cuenta con la moderación salarial y con reducir los puestos de trabajo de forma indirecta, al cubrir sólo el 10% de las vacantes. Según los cálculos de Economía, en este tiempo se jubilarán el 7% de los 1,6 millones de funcionarios, con lo que, si la estimación se extiende al personal laboral, el recorte rondaría los 140.000 empleados.

La clave es cómo ofrecer los mismos servicios y reducir gastos de personal

El objetivo se sustenta en el pacto alcanzado por sindicatos y Gobierno en otoño del año pasado. Pero, como señala Susana Borraz, de Analistas Financieros, "el acuerdo plantea excepciones importantes" en los límites a la reposición de vacantes y sólo supone "retardar el impacto presupuestario" de la subida salarial necesaria para igualar la inflación. Es decir, que puede haber congelación salarial este año y el próximo, pero que a partir de 2012, se recuperará la diferencia con el IPC. Si durante este periodo la inflación media se sitúa en el 2%, esa sería la subida salarial. Si se cumple esa moderada previsión de incremento de precios, sí habrá un alza inferior a la de los últimos años (un 3,7% en 2009).

Así que la meta del Gobierno descansa en el recorte de plantilla por la vía de no cubrir vacantes, aunque las amplias excepciones del acuerdo cuestionan también esta medida. Aquí es donde entran en juego las comunidades y ayuntamientos. En teoría, los límites a la reposición de vacantes que se incluyen en los Presupuestos del Gobierno central también operan en las cuentas del resto de administraciones. Pero el acuerdo excluye a "servicios sanitarios, educativos y de atención a la dependencia", competencias que recaen en los Gobiernos autónomos. Y a "las corporaciones locales inferiores a 50.000 habitantes". No es poco: tres de cada cuatro empleados públicos trabajan ya para las comunidades y los ayuntamientos. Entre los servicios sanitarios y educativos, en manos autonómicas, suman más del 40% del personal al servicio de las administraciones.

"Ha habido un trasvase de mano de obra a favor de las comunidades, que además han aumentado el personal por decisiones propias, pero reducir ahí, en servicios públicos esenciales intensivos en trabajo, como sanidad y educación, es muy difícil", dice Miguel González, catedrático de Economía de Granada. Pero no es sólo cuestión de si cuadran las cuentas para reducir el gasto; también hay que evaluar las consecuencias. Los sindicatos alertan de una posible pérdida de calidad en los servicios prestados. Y Jorge Onrubia, experto en organización del sector público y profesor de Economía en la Complutense, es pesimista: "No sólo es que sea dudoso que se logre el objetivo, es que puede ser hasta peligroso".

Onrubia parte de que si la baja productividad de la economía española es "preocupante", en el sector público "es alarmante". Pero no cree que la vía elegida -reducir los gastos de personal prestando los mismos servicios- sea efectiva. "Sería como hacer cirugía microscópica a hachazos". Critica que las decisiones se tomen sin "un análisis de eficiencia en todas las administraciones", aún pendiente, que permitiría hacer "una disección entre el gasto en retribuciones imprescindible y prescindible". Onrubia recalca que apenas se ha aplicado una política de incentivos y que cuando se ha hecho, como en la Agencia Tributaria, "está mal diseñada".Pasa a la página siguiente

Entrevista a Rosa Díez