Los trenes de Cercanías subirán el 6%

La Ley de Economía Sostenible apuesta por el tren como el medio de transporte ideal. Descongestionante del tráfico, silencioso y no contaminante. Sólo tiene un pero: el precio del billete, fijado por la Administración, se incrementa año tras año muy por encima de la inflación.

Para 2010, el billete subirá un 6%, pese a que estemos al borde la deflación, puesto que todas las previsiones apuntan a que en el presente ejercicio se cerrará con un IPC en el entorno del 1%, y que el próximo año se situará más o menos en el mismo porcentaje.

En efecto, el Consejo Nacional de Transportes Terrestres -un organismo consultivo en el que están representadas las asociaciones de consumidores y la Administración- dio su visto bueno a subir un 6% el billete de los trenes de Cercanías y de Media Distancia de Renfe en 2010, según informa Europa Press. La subida sólo queda pendiente de que el Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, determine finalmente el aumento aunque suele seguir el dictamen del Consejo de Transportes.

No deben de estar muy contentos los usuarios del servicio de Cercanías, cerca de 500 millones de viajeros al año en sus núcleos (Madrid, Barcelona, Valencia,4 Bilbao, Málaga , Asturias, Sevilla, Murcia, San Sebastián, Cádiz, Santander, Zaragoza). En los últimos años, han visto que el precio de su billete se disparaba: un 6,28% en 2009; un 4% en el 2008; un 3,7% en 2007 y un 4,2% en 2006.

De nada han servido las quejas de las asociaciones de consumidores, que se han opuesto a estas subidas. Los años anteriores la excusa para la subidas era la necesidad de recuperar el diferencial que acumularon respecto a la inflación en años precedentes y de situarse en línea con las revisiones de los consorcios regionales de transportes, así como la inversión en la compra de trenes.

Este año se suma también la justificación de que en 2010 Renfe no contará con la aportación que el Estado, a través del contrato-programa, que anualmente le efectúa para contribuir a financiar el coste de explotación de estos servicios públicos (estimada en unos 350 millones de euros), con lo que la compañía tendrá que recurrir al endeudamiento para costearla.