Educación y política social

La incorporación de las políticas sociales al Ministerio de Educación, junto con el paso de las competencias sobre Educación Superior a un nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación -lo que obliga a una exhaustiva coordinación entre ambos-, son hoy objeto de debate entre los profesionales del sector. Mientras unos contemplan estos cambios con preocupación, otros se centran en analizar las posibilidades que abren, si se consigue afianzar un modelo renovado de educación. Tanto una valoración como la otra podrían estar justificadas, en tanto que la responsable del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes anuncie públicamente sus prioridades y sus proyectos.

Quienes suscribimos este artículo nos sumamos a la apuesta educativa y social del nuevo Ministerio de Educación, siempre desde la cautela recomendable ante una decisión que no ha sido suficientemente explicada, y que puede haber sido forzada por diferentes avatares a la hora de constituir el nuevo Gobierno. La incorporación de las políticas sociales en el mismo marco institucional puede suponer una oportunidad para romper el aislamiento de la escuela, además de una apuesta decidida por una educación que sepa integrar y equilibrar los principios de calidad y equidad. Esperamos que puedan abordarse, con ciertas garantías, al menos tres grandes problemas:

1. El abandono prematuro del sistema educativo de los jóvenes entre 12 y 16 años, que amenaza seriamente su inclusión social. Este abandono, y la creciente desmotivación en las aulas, reclaman una atención preferente y una colaboración y compromiso entre el sistema educativo formal ordinario, que sigue siendo el responsable prioritario, y el resto de los agentes educadores, especialmente de las organizaciones sin ánimo de lucro que han hecho de esta tarea su principal misión.

2. El desarrollo de compromisos educativos entre la escuela y las familias que, además de contribuir al rendimiento del alumnado, pueda facilitar la constitución de escuelas democráticas y comunidades de aprendizaje justas, comprometidas con el desarrollo intelectual y el desarrollo moral, personal y comunitario, lo que facilitaría la adquisición de los aprendizajes básicos imprescindibles para todos, de forma que se integre el currículo formal del centro, el informal del ámbito familiar, y el no formal que se adquiere en el ámbito social más amplio.

3. El desarrollo humano en una sociedad pluralista como la nuestra reclama una atención a la capacidad educadora de la sociedad más allá de la escuela. De lo contrario, correremos graves riesgos para la supervivencia de una sociedad democrática. Dotar de capacidad educadora a todos los agentes sociales (escuela, familia, organizaciones, asociaciones, etcétera) resulta al menos tan crucial como garantizar su compromiso con la igualdad de género, o con el medio ambiente.

Se trataría, en definitiva, de dinamizar, como avanza la LOE, el eje escuela, familia y comunidad, reforzando el compromiso de la educación con la vida y el de la escuela con el medio social, tareas en la que el renovado Ministerio debe tomar la iniciativa.

José Moya Otero es profesor de Métodos en la Universidad Las Palmas; Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica en la U. de Granada; Florencio Luengo, coordinador Proyecto Atlántida, Rodrigo García, Justo Gómez, Nina Santana, Paz Sánchez, J. Ignacio López y otros.