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Reportaje:

Obligadas a cumplir

Un decreto exige a la Universidad rendir cuentas del resultado de cada carrera

J. A. Aunión

Los alumnos universitarios deben aprender y, si no lo demuestran al rendir cuentas a final de curso, suspenden. Así de sencillo. Pero los gestores de la universidad y cada uno de los profesores también tienen una responsabilidad fundamental en ese juego. "Si un profesor sólo aprueba cada año a dos alumnos, alguna culpa tendrá también él", se queja Concha Espinosa, secretaria de la sección universitaria de UGT.

Por eso celebra que a partir de ahora, las universidades tendrán que rendir cuentas, mucho más detalladas que nunca, de su trabajo. Sobre los alumnos que terminan la carrera en los años establecidos -en algunas ingenierías, sólo ocho de cada 100 lo hacen- y los que la abandonan -unos 90.000 alumnos al año, lo que cuesta unos 1.200 millones de euros-. También rendirán cuentas de los mecanismos para fomentar las prácticas y la movilidad y, una vez titulados, de las facilidades o dificultades que encuentran los alumnos en el mercado laboral.

Periódicamente, se evaluará cada título y puede llegar a ser retirado

El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente el próximo viernes, el real decreto que regula las nuevas carreras adaptadas a un esquema común en toda Europa, divididas en grados de cuatro cursos -que sustituyen a las diplomaturas y licenciaturas-, másteres oficiales de especialización -en marcha desde el año pasado- y doctorados. Ese texto legal establece los requisitos que deben cumplir los futuros títulos, que tendrán que estar totalmente implantados en 2010, pero que Educación espera que se empiecen a ofrecer el próximo año.

Ya no será el Gobierno el que defina al detalle los contenidos de cada carrera, sino cada universidad, que deberá cumplir los mínimos fijados en ese documento. Cada campus tiene que diseñar en el texto que presentará a la Agencia de Calidad para su acreditación (después lo aprobarán el Ministerio de Educación y la comunidad autónoma), no sólo los contenidos que estudiarán los alumnos y lo que tendrán que saber hacer cuando se hayan titulado, sino los profesores de los que disponen para enseñarlos y los medios materiales que van a usar.

Y, además de los objetivos sobre los resultados académicos, también deberán detallar los procedimientos para garantizar la mejora del profesorado. Con los másteres, de uno o dos años, habrán de seguir el mismo proceso. Y luego, a rendir cuentas.

"Ya era hora. Me parece fundamental que se evalúen los servicios públicos", asegura Miguel Recio, responsable de Recursos Humanos de la Universidad de Educación a Distancia (UNED). "Una comisión de la Agencia de Calidad revisará, carrera por carrera, esos objetivos. Si no se cumplen, habrá que corregirlo. De lo contrario, pueden llegar a retirar la autorización para dar ese título", asegura Recio.

Si los estudiantes se evalúan cada curso, la carrera, según prevé la Agencia de Calidad, se examinará un año después de que se haya implantado completamente. Después, cada seis años.

Esto supone un gran cambio, ya que hasta ahora, cuando un título era aprobado, no había ningún control posterior, explica un portavoz del Ministerio de Educación.

Se trata de un cambio de mentalidad que está recorriendo toda Europa, explica el experto francés en espacio europeo Guy Haug: "La sociedad no está dispuesta a seguir pagando sin que haya unos resultados". Pero también insiste en que no se trata de un mero juego coercitivo. "El proceso de evaluación tiene que servir para saber en qué puntos hay que mejorar y mejorarlos, aunque también es importante que las universidades tengan en mente que, si no acaban mejorando, las autoridades [en España, los gobiernos regionales] pueden actuar".

Los alumnos no quieren verlo como una pelea de nadie contra nadie, sino como "algo que va a obligar a un esfuerzo colectivo", asegura César Luena, presidente de la asociación de estudiantes FAEST. Concha Espinosa, de UGT, es consciente de que las medidas se pueden encontrar con las reticencias de algunos profesores que se sentirán fiscalizados, pero insiste en que son necesarios esos criterios objetivos de evaluación.

Alumnos de Químicas de la Universidad del País Vasco, durante los últimos exámenes de junio.
Alumnos de Químicas de la Universidad del País Vasco, durante los últimos exámenes de junio.TXETXU BERRUEZO

Más calidad, más dinero

Los controles de calidad de las carreras "también pueden servir para reordenar la oferta de títulos, para que cada universidad aproveche al máximo sus puntos fuertes", asegura el secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. Las universidades públicas ofrecen tantas veces los mismos títulos que el 60% tiene menos de 75 alumnos nuevos al año y, según han admitido los rectores, no todas las universidades tienen por qué ofrecer todo.

Este proceso de racionalización, que Cataluña ya ha emprendido, se planteó antes del verano, en el informe del consejo para revisar la financiación universitaria. El texto propone financiar los campus teniendo en cuenta criterios de calidad, unos muy parecidos a los que se piden para cada carrera, pero añadiendo la investigación. El nuevo presidente de los rectores, Ángel Gabilondo, reclamó el pasado martes retomar este debate, guardado "en un cajón" desde junio. Dos días después, la ministra Mercedes Cabrera anunció un proceso de consultas con "todos los agentes sociales" para retomarlo.

En el debate encontrarán algunas reservas: "Defendemos una buena financiación para todas las universidades y a partir de ahí pueden llegar los extras a la calidad", dice Concha Espinosa, responsable de universidades de FETE-UGT.

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Sobre la firma

J. A. Aunión
Reportero de El País Semanal. Especializado en información educativa durante más de una década, también ha trabajado para las secciones de Local-Madrid, Reportajes, Cultura y EL PAÍS_LAB, el equipo del diario dedicado a experimentar con nuevos formatos.

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