¿Y ahora qué pasará con Luis?

Luis sabe que la última hora de clase de los martes es distinta. Este chaval de 14 años se levanta antes de que comience la lección, mete sus libros en la mochila y sale por la puerta. Los martes a última hora se imparte en un aula de su instituto público del Puerto de Santamaría (Cádiz) la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, materia obligatoria en la que se enseñan valores morales y constitucionales. Pero Luis es objetor. O, mejor dicho, su padre Guillermo es objetor y no quiere que su vástago asista a esas clases.

"Cuando llega el profesor cogemos las maletas, nos vamos al aula de apoyo o a la biblioteca y con una profesora hacemos las tareas". Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que permite a Luis faltar a la clase de Ciudadanía (no todos los 22 chicos y chicas que están objetando en su instituto cuentan con ese respaldo). Hoy, el Tribunal Supremo se reúne para decidir sobre esa y otras sentencias a favor de la objeción, y las resoluciones contrarias que también se han dictado en distintos tribunales superiores de justicia.

¿Qué pasará con estos chavales si el Supremo decide que no pueden objetar? Tanto los que tienen resolución judicial a favor como Luis (entre 100 y 300, según qué parte del conflicto haga las cuentas), como los jóvenes que están faltando a clase sin apoyo de ningún tribunal, varios miles. La Junta de Andalucía, por ejemplo, espera que el Supremo fije "un marco de actuación claro y común a todas las comunidades" para que se sepa cómo se debe actuar frente a los objetores, dice un portavoz. Lo que está claro es que si el Supremo confirma "la obligatoriedad de la asignatura", los alumnos tendrán que volver a cursarla, dice la catedrática de Derecho Constitucional Paloma Biglino. Parece simple, pero no lo es tanto, ya que probablemente lo que espera la Junta del Supremo es que les indique la forma de atender a los chavales que se tengan que reincorporar, sobre todo teniendo en cuenta que en Andalucía hay 12 alumnos que no la estudiaron el curso pasado amparados por la justicia.

¿Tendrán que cursarla un año después? ¿Les pondrán un examen sin más? Biglino prefiere esperar a la sentencia para pronunciarse, y Manuel Rodríguez, jurista, ex consejero de Consejo Escolar del Estado, y ahora del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, dice que tampoco tiene claro que pasará con los objetores del año pasado, y asegura que existe al respecto un "vacío legal".

El hecho es que la actuación de las Administraciones frente a los objetores nunca ha estado clara. El Gobierno, sin dar orientaciones precisas (las competencias las tienen las comunidades) siempre ha dicho lo mismo: es una asignatura obligatoria y no se puede faltar a clase. Sin embargo, en la práctica, cada comunidad ha hecho de su capa un sayo en un conflicto muy politizado desde el principio, con unos obispos que iniciaron una auténtica guerra contra la asignatura tras ver frustrada su petición de que Ciudadanía fuera la alternativa a Religión.

El curso pasado, siete comunidades (Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra) empezaron a impartir Ciudadanía (el resto ha empezado este curso). Navarra aplicó las sanciones por absentismo normales para cualquier alumno que falta reiteradamente a clase (en este caso, fue un apercibimiento y el chico se reincorporó). En otras, como Extremadura, directamente les suspendieron, sin más. En Asturias, los 16 objetores que contabilizó la Consejería de Educación pudieron hacer un examen extraordinario a final de curso. Todos ellos se presentaron y cuatro aprobaron.

Las asociaciones que defienden el boicoteo (Foro Español de la Familia, Fundación Universidad San Pablo CEU, Profesionales por la Ética y Confederación Católica de Padres de Alumnos) dicen que este año hay 50.000 objetores. Según el recuento que hizo este periódico el pasado diciembre con datos de los Gobiernos autónomos sobre alumnos que efectivamente están en el curso en que se da la asignatura, son cerca de 7.000, aunque varias consejerías admiten que hay chavales que han presentado la objeción, pero están entrando a clase.

"Este año ha mejorado mucho, tenemos una clase calentita, el año pasado los objetores estaban en el pasillo, en las mesas de castigo", explica Luis, el alumno objetor de Cádiz. Su padre Guillermo no quiere que se pueda identificar a su hijo, por eso no accede a que se publiquen sus apellidos ni el nombre del instituto en el que estudia Luis. "A los chicos les atienden este año perfectamente", comenta Guillermo.

Las sentencias y las medidas cautelares a favor de la objeción se empezaron a multiplicar hacia finales del curso pasado. Así, en este año escolar que empezó en septiembre, la actitud cautelosa, a la expectativa de lo que diga el Supremo, ha ido más allá de las comunidades cuyos Gobiernos (del PP) han apoyado el boicoteo, como Madrid o La Rioja. En esta última, la consejería hizo firmar a los padres objetores un papel en el que se eximía de la materia a los niños, pero los progenitores asumían todas las consecuencias judiciales de sus actos, "especialmente las desfavorables".

La consejería riojana explicó el pasado mes de julio, cuando adoptó esta medida, que se trataba de que los padres asumieran la decisión final del Supremo. Sin embargo, de las palabras del jurista Manuel Rodríguez, experto en educación, se infiere algo más. Si el Supremo dice que los objetores, indebidamente, han dejado de estudiar una materia obligatoria, "habría que buscar responsabilidades", asegura Rodríguez, ya que se está tocando algo tan importante y tan sensible como es el derecho a la educación. Rodríguez alude también a un problema de "dejación de responsabilidades" por parte de las Administraciones en toda la polémica.

El abogado y miembro del PP Carlos Seco prefiere esperar a que se difunda la sentencia para analizar los matices del texto. Seco expone los argumentos a favor de la objeción, por ejemplo, que Ciudadanía defiende el "relativismo moral" y la "ideología de género", en referencia esta última a la homosexualidad, argumentos utilizados a menudo por la Iglesia católica. Seco es una de las personas que ha capitaneado la lucha contra la materia en Andalucía. Se ha encargado de presentar alrededor de 70 recursos contra esta asignatura ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y la sala tercera de lo contencioso-administrativo del TSJA ha respaldado sistemáticamente las tesis de los objetores permitiéndoles no asistir a estas clases. Dos de los cinco magistrados de esta sala del TSJA están vinculados al Opus Dei.

Pero Seco adelanta, como ya hicieron las principales asociaciones promotoras del boicoteo, que si el Supremo no reconoce el derecho a objetar acudirán al Constitucional. Además, aseguran que le pedirán que deje en suspenso la sentencia del Supremo hasta que resuelva el recurso.

Eso daría lugar quizá a unos años de aplazamiento, y a que los hijos de los actuales objetores pudiesen acabar sus estudios sin cursar la asignatura. El caos podría llevar a que, si el Constitucional se pronunciara en sentido contrario, estos alumnos podrían encontrarse, por ejemplo, en plena universidad con la materia de secundaria pendiente y sin poder recibir por ello el título universitario al acabar la carrera. Salvando las distancias, ya ocurrió algo similar en el franquismo con algunas alumnas que se negaron a hacer el servicio social, y estuvieron más de cinco años sin recibir el diploma universitario habiendo acabado la carrera.

Todos los puntos oscuros de esta polémica comenzarán a aclararse hoy, en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.