Las escuelas catalanas informarán del derecho a recibir clase en castellano
Las escuelas catalanas informarán a las familias del derecho de sus hijos a recibir enseñanza en castellano durante un curso escolar -bien en la educación infantil o bien en el primer curso de primaria-. Esto será obligatorio cuando se apruebe la ley de educación catalana, previsiblemente en mayo próximo. Los socios del tripartito cerraron ayer un acuerdo sobre éste y otros puntos para presentar mañana en el Parlamento catalán enmiendas conjuntas al proyecto de ley.
Los socios del tripartito tienen desde diciembre sobre la mesa una sentencia del Supremo en la que el tribunal zanja un largo litigio sobre la inclusión de una casilla en las hojas de preinscripción escolar preguntando a los padres en qué lengua quieren que reciban clases sus hijos hasta los ocho años. Esta petición la llevó a los tribunales hace ocho años Convivencia Cívica, presidida entonces por Alejo Vidal-Quadras. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón en 2004 a esta entidad e instó a la Generalitat a poner la casilla. El TSJC avaló la inmersión lingüística en catalán, pero sentenció que preguntar a las familias a través de una casilla "coadyuvará a la mayor efectividad del derecho" a recibir clases en castellano.
Largo debate
Educación recurrió al Supremo. El departamento argumenta que cumple con la ley porque desde 2006 en las hojas de preinscripción incluye la cita al artículo sobre el derecho de los padres a la opción lingüística y figura una casilla donde se pregunta sobre los idiomas que entiende el alumno. El Supremo ratificó en 2008 lo que había dicho el TSJC instando a poner la casilla en las hojas de preinscripción con la pregunta concreta.
La ley de Política Lingüística en vigor garantiza que "los niños tienen derecho a recibir la educación infantil y el primer ciclo de la educación primaria en su lengua habitual (hasta los ocho años)". Y los padres "lo habrán de solicitar a la dirección del centro". El alumno que lo haya solicitado recibe atención en castellano, pero sin separación de aulas por razón del idioma.
Ahora, el proyecto de ley de educación reduce de cinco a un año el derecho a recibir enseñanza en castellano, y lo que han acordado los socios del tripartito es que en la ley figure que los centros informen sobre este derecho. Los críticos con la política del departamento argumentan que la pregunta sobre la opción lingüística debe hacerse en el trámite de preinscripción para dar tiempo a organizar la atención en castellano al alumno.
