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Los partidos siguen en sus trece

Las promesas educativas de contenido ideológico contaminan las que buscan soluciones - PSOE y PP coinciden en medidas básicas que permitirían un pacto

Que los principales problemas de la educación española tienen que ver con el alto fracaso escolar, la necesidad de refuerzo de los alumnos inmigrantes, el escaso dominio del inglés, la falta de una carrera para los profesores y la escasez de plazas de guardería lo saben los partidos, a la vista de los programas electorales. Sobre estas cuestiones, con algunas discrepancias y presentando unas propuestas más realistas que otras, todos proponen acciones, lo que haría posible un pacto entre los dos principales partidos, si no fuera porque las propuestas con contenido ideológico siguen impregnando esas otras medidas.

El PP propone un modelo como el de la Ley de Calidad, con itinerarios incluidos
La línea socialista apunta a dar aún mayor autonomía a los centros
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Sin embargo, la base de sus propuestas políticas en el terreno educativo no tiene que ver con esos problemas sino con iniciativas de tinte más ideológico que educativo. Así, el programa de los populares revela una vuelta a la derogada Ley de Calidad y el de los socialistas es continuista con un programa con muy pocas concreciones, poco reglamentarista (al revés que el del PP), que defiende el modelo flexible implantado en las leyes que se han aprobado en esta legislatura, que dan amplias competencias a colegios, universidades y comunidades.

El PP promete un modelo muy basado en la competitividad (individual y colectiva), similar al de la Ley de Calidad, con itinerarios a los 15 años incluidos, una de las medidas más polémicas, e incluso proponiendo que se den ventajas fiscales "para promover la participación del sector privado" en la creación de guarderías. Los populares impulsaron esa ley cuando gobernaba y ha sido derogada a iniciativa de los socialistas. Pero este partido hace además hincapié en varias partes de su programa en cuestiones competenciales de las comunidades, como la necesidad de "garantizar" la enseñanza del castellano en las que tienen dos lenguas, una competencia que reclaman las comunidades; en promover la "vertebración" del sistema educativo, o en obligar por ley a que todos los centros privados tengan "derecho al concierto" si cumplen unos requisitos, algo que no comparten algunas comunidades autónomas, como Andalucía, que prefieren apostar por la pública.

Este partido quiere quitar Educación para la Ciudadanía y volver a poner una alternativa sobre "valores cívicos" parecida a la de Hecho Religioso de la Ley de Calidad. El PP quiere además hacer ranking de colegios y universidades, que todos los centros privados y que no se pueda pasar de curso con más de dos suspensos en el bachillerato (el Gobierno acaba de flexibilizar el modelo para intentar que haya más alumnos que lo cursen).

En el terreno universitario tiraría además por la borda dos iniciativas socialistas de la legislatura que acaba: el sistema de elección de profesores y el de elaboración de los títulos oficiales de cara a la convergencia universitaria europea.

Las tesis ideológicas opuestas se han ido traduciendo en leyes opuestas, en vuelcos al sistema educativo. El informe PISA 2006, sobre el nivel de la educación en los países más desarrollados, hizo saltar de nuevo las alarmas. Los alumnos españoles van mal. O no lo suficientemente bien como deberían, en comparación con los países de referencia de España, aunque la educación haya avanzado mucho en los últimos 15 años.

La inestabilidad en la que está inmersa la educación española desde que el PP ganó las elecciones y después el PSOE y todos decidieron cambiar no sólo la legislación sino, sobre todo, todos los principios que regían cada ley es lo que -según la mayoría de expertos y también tal y como se desprende de los resultados de los estudios- está haciendo mella en todo el sistema.

El programa socialista promete "estabilidad legislativa". Ahora bien, si no ganan, ¿aceptaran pactar para lograr esa estabilidad cuando los populares les pongan sobre la mesa sus promesas electorales? Es altamente improbable. Los socialistas han reconocido en diversas ocasiones que la base de la Ley de Calidad era "inaceptable" para ellos. Impulsaron la actual norma -Ley Orgánica de Educación (LOE)- por esa razón. De no haber existido la Ley de Calidad hubieran realizado ajustes a la LOGSE para solucionar los problemas que surgieron a lo largo de su aplicación.

Al final, el sistema educativo no avanza, ni mejora el fracaso escolar con iniciativas de ámbito nacional (porque algunas comunidades sí están trabajando en ello), ni el inglés, ni las nuevas tecnologías, etcétera. Porque las leyes al final, con los cambios políticos no se acaban de aplicar, cambian y cambian por esos contenidos ideológicos que impregnan los programas.

Zapatero con la ministra Mercedes Cabrera, en el Congreso, tras aprobarse la ley universitaria.
Zapatero con la ministra Mercedes Cabrera, en el Congreso, tras aprobarse la ley universitaria.GORKA LEJARCEGI

PSOE. Evitar el abandono tras la ESO

Dicen los socialistas en su programa que "las políticas educativas más efectivas son las que tienen continuidad en el tiempo". El programa ya no habla de temas espinosos, como Educación para la Ciudanía o la alternativa a la Religión. Ya está todo implantado. Aparte de aumentar en 300.000 la oferta de plazas de guardería de 0 a 3 años, lo que, según sus cálculos, sería generalizar esta etapa, el PSOE no ofrece grandes sorpresas. Lo más importante, que el 85% de los jóvenes sigan estudiando después de la ESO.

PP. Ayudas para guarderías privadas

Los populares atacan a sus principales rivales políticos en el programa asegurando que lo que han hecho ha sido "premiar la mediocridad y penalizar el esfuerzo". Ellos proponen, entre otras cosas, que se garanticen por ley varios derechos: el de "los centros privados a recibir un concierto" y el de "cursar las enseñanzas en castellano". Además, apoyan la creación de guarderías, pero sobre todo privadas con "inventivos específicos" para éstas "dentro de la reforma del Impuesto de Sociedades".

IU. Una red concertada subsidiaria

La creación de centros públicos en los nuevos desarrollos urbanísticos para que "el suelo público sólo para la educación pública". Éste es uno de los principios que defiende Izquierda Unida en su programa, que refleja su apuesta general por la educación pública y laica y para que exista una red única de centros, la pública. Ahora la concertada ocupa la mitad del sistema en algunas comunidades. IU insiste en un tema por el que PP y PSOE pasan de refilón: un compromiso de financiación estable.

CiU. Una materia en inglés en toda la red

Los centros de Cataluña podrán decidir, si gobierna CiU, el 15% del currículo para ajustar las enseñanzas a las necesidades e intereses de su entorno. El programa de los convergentes combina la autonomía a los centros con una apuesta por el catalán, el español y el inglés. Lo más novedoso es que prometen que se impartirá una asignatura exclusivamente en inglés a partir de los 12 años, un modelo de gran equidad porque introduce el aprendizaje de esta lengua, no en centros específicos, sino en todos a la vez.

PNV. Ni una sola propuesta de educación

El programa marco del PNV no contiene ni una sola propuesta concreta sobre educación. Únicamente hace un análisis general. Por ejemplo, dice que "la familia se ocupa de la socialización primaria, de algunos aspectos de la socialización secundaria y de la educación, dado que el entorno familiar sirve de soporte y refuerzo a las actividades escolares". También afirma que se propone "destacar y desarrollar investigación, desarrollo e innovación; educación y, específicamente, la formación a lo largo de toda de la vida".

ERC. El aumento de la inversión pública

Incrementar las asignaciones presupuestarias para los gobiernos autonómicos en educación para que puedan situar la inversión pública en el nivel de la media europea. Es la primera promesa de ERC sobre esta materia en su programa electoral. También pide este partido que se financien todas las necesidades educativas que se deriven de la aplicación de la nueva ley educativa, aprobada en 2006 y prometen el traspaso de la gestión de las becas, así como el impulso del derecho a aprender catalán y a aprender en catalán.

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