Los profesores portugueses se rebelan contra el Gobierno

Conceiçao Pereira, profesora de Biología con 22 años de servicio, se reune en asamblea con sus compañeros de la escuela dom Manuel Martins, de Setúbal, para decidir si aceptan el nuevo sistema de evaluación de la labor pedagógica. En el colegio Bocage, de la misma ciudad, ya han dicho que no. En las últimas semanas, miles de maestros han firmado mociones de rechazo al sistema de valoración.

La escuela está que arde. Una palabra maldita, evaluación, ha movilizado a los docentes. El 8 de noviembre, 120.000 maestros tomaron las calles de Lisboa para protestar. En marzo se habían manifestado 100.000. Hay unanimidad al señalar el malestar: el Estatuto de la Carrera Docente, de 2007, que divide el profesorado entre maestros titulares y maestros a secas, a partir del balance del trabajo realizado los últimos siete años. Y muchos llevan más de 20. Una evaluación que valora más a quien ocupa un cargo que a quien imparte clases.

La ministra de Educación, Maria de Lurdes Rodrigues, bestia negra de los sindicatos, finalmente ha anunciado, después de un Consejo de Ministros extraordinario, que el Gobierno retira por un año los aspectos más cuestionados. La mejora de los resultados escolares y la reducción del absentismo escolar ya no son criterios obligatorios de valuación. Hace una semana, el Ministerio estimaba inconcebible no contemplar las notas de los alumnos a la hora de evaluar a los maestros. La presencia del evaluador en las clases, condición que la ministra considera esencial y que levanta ampollas, también desaparece, excepto para los que aspiren a la calificación máxima. Éstos sí tendrán que someterse a la observación del evaluador, lo que no deja de ser una práctica discriminatoria.

El Gobierno también se ha comprometido a reducir la excesiva burocracia del sistema de evaluación y "a compensar a los profesores con horas libres o dinero por el tiempo que dedican a hacer balances". Jorge Pedreira, secretario de Estado adjunto de Educación, subraya que el cambio de actitud no significa dejar sin efecto la evaluación de los profesores, uno de los ejes de la política educativa del Gobierno del socialista José Sócrates.

"Lo único que ha hecho el Gobierno es simplificar lo que en caso contrario sería inaplicable", ha dicho Mário Nogueira, líder de la Federación Nacional de Profesores (Fenprof), el sindicato mayoritario. Siguen en pie las movilizaciones para exigir la anulación del sistema de evaluación. El 3 de diciembre está prevista una huelga general de profesores, y el 9 comenzará una semana de paros regionales. El conflicto ha disparado las jubilaciones anticipadas, más de 5.100 profesores en 2008, un 35% más que en 2007, según la Caja General de Jubilaciones.