El tripartito y CiU negocian reducir la opción de estudiar en castellano
El Gobierno catalán y la oposición buscan un consenso para la ley educativa
La Ley de Educación catalana enfila su último tramo, no sin dificultades. Su curso en el Parlamento catalán marca una excepción, ya que no es normal que el primer partido de la oposición -en este caso, Convergència i Unió (CiU) desde el centro-derecha- haya dicho que está dispuesto a apoyar una ley del Gobierno de turno, en este caso del tripartito de izquierdas: PSC, ERC e ICV. Por eso, se busca una ley alumbrada por un cuatripartito que pueda durar décadas y no tenga que cambiarse según gobiernen unos u otros.
Sobre la lengua en la escuela, la situación puede cambiar. Ahora es ésta: los niños tienen derecho a cursar la primera enseñanza (se considera hasta los ocho años) en castellano, siempre dentro del sistema de inmersión lingüística en catalán. Si alguna familia pide la primera enseñanza en castellano (lo han hecho menos de un centenar, según datos oficiales), el maestro se dirige al alumno en castellano y le da el material en esa lengua.
Los convergentes piden cultivar la "pertenencia a la nación catalana"
Pero aquí hay un desencuentro entre el tripartito, que ocupa el Gobierno catalán, y CiU, la coalición que preside Artur Mas. El tripartito quiere que el derecho a estudiar en castellano se reduzca a un curso escolar, bien en la etapa infantil o en primaria. Pero CiU, impulsor de la actual norma, no apoya el cambio y ha presentado una enmienda para que se mantengan las cosas tal y como están: derecho estudiar en castellano hasta los ocho años. ¿Estrategia? ¿Posible moneda de cambio en la negociación final? CiU sólo responde que ésa es su enmienda y recuerda que fue su partido quien impulsó hace más de dos décadas la inmersión actual. Los informes indican que se cumple el objetivo de que los alumnos dominen el castellano y el catalán al final de la escolarización obligatoria.
Pero más allá de las enmiendas ya presentadas, el tripartito y CiU están negociando y han acercado posiciones para que la opción del castellano en la escuela sea de un año, pero sea la Generalitat quien reglamentariamente concrete cómo se hará. El debate está en ponencia y, por tanto, no hay nada firme hasta que el texto pase a comisión, en abril, y empiecen a cerrarse acuerdos.
Los tribunales han refrendado el sistema de inmersión lingüística en catalán como lengua vehicular de enseñanza en Cataluña, avalado por la Ley de Política Lingüística actual. Y han denegado la petición de separar a los alumnos por aulas, para las pocas familias que han optado por el castellano en la primera enseñanza. Pero también ha dicho el Tribunal Supremo hace sólo tres meses que debe ponerse una casilla en la hoja de preinscripción preguntando a los padres en qué lengua quieren que estudien sus hijos la primera enseñanza, algo que la Generalitat no ha hecho.
CiU también ha presentado una enmienda que dice que el sistema educativo catalán se inspira en [...] "el cultivo del sentido de pertenencia como miembros de la nación catalana mediante el conocimiento de su historia y cultura propias..."].
Hay más de un millar de enmiendas presentadas para poder aprobar el texto a final de abril o principios de mayo.
Directores fuertes y centros evaluados
La futura ley educativa catalana ha pinchado en hueso con los sindicatos. El proyecto ha tenido nada menos que tres huelgas en 13 meses.
La autonomía y la evaluación de escuelas, institutos y profesores; la selección, en algunos casos, de los perfiles profesionales de los docentes; y el porcentaje máximo de inmigrantes en cada centro, de tal forma que estos alumnos se repartan por la zona si se supera el límite son algunos de sus ejes. El tope de inmigrantes deberá ser fijado posteriormente por decreto.
Se buscan todos estos cambios para atajar el fracaso escolar situado ahora en el 28% (alumnos que no acaban la secundaria) y aumentar el número de quienes siguen estudiando más allá de la enseñanza obligatoria.
Hay un tema que levanta ampollas: la exigencia de una escolarización mixta (niños y niñas) en los centros privados que quieran recibir subvención pública. Convergència i Unió quiere que se anule ese requisito de la escolarización mixta (no separar chicos y chicas) para tener derecho a ser un centro concertado, es decir, sufragado con fondos públicos. Pero éste es un casus belli para ERC e ICV, que dicen que no lo votarán.
El PP está en contra del texto. Ha presentado un proyecto alternativo. También ha presentado enmiendas al articulado, lo mismo que Ciutadans.
