Las obras del pantano de Itoiz han costado 165,5 millones, un 68% más de lo previsto
El Estado recibió oficialmente la semana pasada los trabajos ya acabados del embalse
La obra completa del embalse de Itoiz ha costado un total de 165,59 millones de euros, lo que supone un desvío al alza del 68% sobre el precio inicial de adjudicación del proyecto, cifrado en su día en 16.400 millones de pesetas (98,57 millones de euros). La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha dado a conocer la recepción oficial este mismo mes por la Administración del Estado de las obras incluidas en el proyecto de construcción de la presa y las medidas correctoras de su impacto ambiental, que fueron adjudicadas en 1990 e iniciadas en mayo de 1993.
La compleja tramitación administrativa y jurídica del controvertido embalse ha demorado los trabajos durante más de diez años y, al final, el proyecto, realizado por una unión temporal de empresas formada por Nexo, OHL y Sacyr, ha costado a las arcas públicas un 68% más de lo calculado inicialmente.
El Estado recibió oficialmente la pasada semana las obras de la presa principal, de 122 metros de altura; la presa auxiliar, la toma del Canal de Navarra y los tres primeros kilómetros de éste último, además de los caminos de acceso, medidas de auscultación, tratamiento de vertederos y otras obras accesorias y complementarias.
El embalse, que cuenta con una capacidad de 418 hectómetros cúbicos, regulará cada año 630 hectómetros cúbicos de agua. Itoiz es una importante pieza de regulación de la cuenca del Ebro prevista en el Plan Hidrológico Nacional.
En abril de 1996, el dique principal sufrió un sabotaje perpetrado por ocho miembros del colectivo Solidarios con Itoiz que supuso la paralización de los trabajos de construcción durante casi un año. En marzo de 1997, el entonces presidente de la CHE, Tomás Sancho, cifró durante una visita a las obras en nueve millones de euros el encarecimiento de costos ocasionado por ese sabotaje, debido sobre todo a las revisiones de precios. En la misma visita, Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas y Costas, dio a conocer que el desvío presupuestario del proyecto se cifraba ya en un 55%. "Este tipo de modificaciones no son excepcionales en los proyectos de las empresas", dijo Blanco, "porque las valoraciones al principio y al final se desvían normalmente al tratarse de un proceso largo en el que aparecen nuevas necesidades cuando se está ya ejecutando la obra". Sancho añadió que el mayor porcentaje de desvío se debía a la necesidad de corregir los impactos medioambientales.
En la actualidad se realizan los últimos trabajos de implantación del plan de emergencia del embalse, que finalizarán en noviembre. En ese momento se podrá realizar la puesta en carga de la presa, cuyo programa ya está aprobado.
Aunque en los últimos años los tribunales españoles han ido sentenciando de forma favorable para la Administración los distintos contenciosos planteados por los opositores al proyecto, aún queda un fleco vinculante por dilucidar. El 24 de enero de este año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, admitió a trámite la demanda interpuesta por la Coordinadora de Itoiz y algunos particulares afectados por el proyecto. El recurso se presentó contra la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2000 que dio validez a la reforma de la ley de Espacios Naturales de Navarra y legalizó a posteriori las obras ya ejecutadas en el embalse. El pronunciamiento del tribunal sobre la cuestión de fondo aún no se ha producido y es el último trámite jurídico abierto en una disputa que se ha prolongado 17 años.
Concluidas las obras del embalse, los gobiernos central y foral acometen en la actualidad la construcción del Canal de Navarra, una artería de 177 kilómetros de distancia que transportará el agua de norte a sur de la región para abastecer las 57.000 hectáreas de nuevos regadíos que justifican el proyecto y garantizar el agua de consumo y para uso industrial a 300.000 habitantes de una treintena de localidades, entre ellas Pamplona.
El convenio de colaboración para ejecutar el canal fue firmado por el presidente navarro, Miguel Sanz, y la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, el 19 de octubre de 1998. El Estado se comprometió entonces a sufragar el 60% del costo total de esta obra, con un presupuesto inicial calculado en 492 millones de euros que pocos años después se cifraba ya en 721 millones de euros.
Las obras del Canal de Navarra se encuentran muy adelantadas en sus tramos comprendidos entre Itoiz y la zona media de Navarra. Hay tres tramos en obras y están en periodo de licitación dos balsas de regulación y tres de canalización.
Protesta en Artozqui
Varios integrantes del colectivo Solidarios con Itoiz ocuparon ayer las vacías casas de Artozqui a la espera de la inminente llegada de la maquinaria enviada por el Gobierno foral para derribar el pueblo, uno de los que quedarán anegados.
El Ejecutivo regionalista continúa con la demolición de los núcleos urbanos que desaparecerán tragados por el pantano. En esta ocasión le ha tocado el turno a Artozqui. El pasado lunes se cumplió el plazo que habían recibido sus vecinos para que abandonaran sus casas. Algunos desconocidos prendieron fuego ese mismo día a dos de los caseríos.
En Artozqui, una localidad bañada por las aguas del Iratí a ocho kilómetros al norte de Itoiz, apenas residían ocho personas de forma permanente, aunque los fines de semana su población -25 habitantes de derecho- se multiplicaba. El pasado domingo se celebró la última misa y de su iglesia fueron sacados todos los objetos de culto y valor histórico artístico. Los vecinos abandonaron el lunes sus casas en medio de escenas de rabia y de dolor. En las fachadas de los edificios eran visibles enormes pintadas contra el pantano.
Ayer, y pese al dispositivo de vigilancia de la Guardia Civil, varios solidarios se hicieron fuertes en algunas de las casas y colocaron pancartas y banderas contra la obra. El Ejecutivo navarro derribará el pueblo de forma inminente, al igual que el núcleo de Muniáin, a pocos cientos de metros.
Los vecinos serán realojados en parcelas de las cercanas Nagore y Azparren. Al final del proceso habrán sido demolidas 105 edificaciones de 73 propietarios.
