La Caixa podrá bloquear decisiones estratégicas en Aguas de Barcelona
Un pacto con la francesa Suez, que tendrá el 75% del capital de Agbar, da margen a la caja para vetar un cambio de sede y a nuevos accionistas
Suez Environnement, filial del gigante francés GdF-Suez, se hará en los próximos meses con un 75% de Aguas de Barcelona (Agbar), que en España es responsable del suministro del agua a casi 13 millones de personas y 1.200 localidades. Pero su apabullante control del accionariado no implicará que tenga manos libres para hacer y deshacer en un sector sensible. La Caixa, que a través de su brazo inversor Criteria se mantendrá en el capital como socio minoritario con una participación de entre un 15% y un 25%, tendrá derecho de veto de "las decisiones estratégicas" de Agbar.
Entre las materias sujetas a derecho de veto figura una de las que más inquietan al Gobierno catalán: el mantenimiento de la sede de la compañía en Barcelona. Otra decisión en la que Suez no podrá ir por libre es la irrupción de un nuevo accionista en Agbar, si la empresa gala deseara ceder más adelante parte de su elevada participación en la compañía y diera acceso a un tercer socio.
Suez ve en la caja una "baza" en su relación con las autoridades locales
La compra por parte de Suez de activos de su filial Agbar en cualquier lugar del mundo a precio de saldo o la liquidación del grupo español son otras de las cuestiones en las que la caja tendrá algo que decir, mientras se mantenga en el capital.
Este margen para vetar decisiones estratégicas forma parte de los acuerdos que acompañan el acuerdo por el que Criteria-La Caixa venderán a Suez Environnement cerca de la mitad de su actual participación en Aguas de Barcelona, una operación en la que, a cambio, la caja se queda con la totalidad de Adeslas, la primera compañía española de seguros de salud, para integrarla en SegurCaixa Holding y reforzar así su negocio asegurador. Ni Suez, ni La Caixa, ni Criteria, ni Agbar confirmaron el contenido de la información, aludiendo a que los términos de los acuerdos entre ambas partes eran "confidenciales". Sí acreditaron su existencia distintas fuentes próximas a la negociación.
El contexto de ese derecho de veto arranca de lo ocurrido justo antes de verano. Ya entonces, la caja que preside Isidre Fainé y dirige Juan María Nin venía negociando su repliegue en Agbar, en el marco de la nueva apuesta de la caja por la banca y los seguros, frente a las inversiones de carácter industrial. Al margen del precio, las fuentes consultadas aseguran que la entidad financiera catalana contemplaba la venta total de sus acciones, en dos fases, y que quería garantizarse el precio de salida que le pagaría Suez cuando, al cabo de unos años, acabara abandonando el capital. El consejero delegado de Suez Environnement, Jean-Louis Chaussade, no dio su brazo a torcer. La negociación quedó en punto muerto.
Suez, que ha sido socio tradicional de La Caixa en Agbar durante muchos años y que conoce el terreno que pisa, quiere evitar entrar como un elefante en una cacharrería. En una entrevista publicada en el diario Le Figaro el pasado lunes, Gérard Mestrallet, presidente del grupo GdF-Suez, habló de los "años de paciencia, intercambios y negociaciones con La Caixa para ganar la confianza de los socios". Y subrayó además que "en el futuro, deseamos mantener a La Caixa a nuestro lado" porque la entidad es una "baza" en las relaciones de Suez con las autoridades locales.
Desde presidencia de la Generalitat, el cambio de manos se encajó con el recordatorio de que "la distribución del agua es un negocio muy vinculado al territorio, que fija las tarifas". Por ahora, está descartado que el Gobierno catalán se implique con una participación pública en la sociedad que distribuye el agua en Barcelona y de la que podrían desgajarse los activos en el área metropolitana de la ciudad.
Las fórmulas que se han estudiado son varias, entre las cuales figura la aportación de Aigües del Ter Llobregat, responsable del abastecimiento en alta de Barcelona. Las sensibilidades en el Gobierno tripartito son distintas y, a corto plazo, no hay nada previsto. Aunque sólo sea porque desarrollar todo el cambio de manos, con una oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión de por medio, llevará, según Agbar, cerca de seis meses.
