Llevárselo muerto
El gerente y la ex concejal del PP de la funeraria municipal de Palma, imputados por supuesta corrupción
La Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma fue presuntamente utilizada por sus responsables para ganar dinero ilegal. La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de supuesto tráfico de tumbas, facturas falsas, cobro de comisiones, desvíos de fondos y proyectos no ejecutados. Óscar Collado, gerente de EFM entre 1983 y 2007, supuestamente tramó negocios sucios con tumbas, ataúdes y transporte de difuntos. Ha estado 15 días en prisión preventiva, imputado por cinco delitos de corrupción. La concejal del PP Marina Sans, ex presidenta de la EFM, declaró ayer como imputada.
Además, Sans y Collado cargaron entre 2003 y 2007 pasajes privados a la EFM. Unos 6.000 euros que retornaron meses atrás.
El gerente y la edil ya fueron censurados por la Comisión Nacional de la Competencia que, en marzo de 2009, sancionó con 500.000 euros a la EFM y al Ayuntamiento de Palma por dominio ilegal en un monopolio de mercado y por "obstaculizar la competencia real o potencial". La concejal advirtió a clínicas y residencias privadas de Palma que debían "impedir" las "actividades ilegales" de funerarias de los pueblos de Mallorca. Sans escribió a los centros para que sólo la EFM recogiera cadáveres. "Las funerarias bajaron su facturación un 60%", según un portavoz del sector, liberalizado desde 1996.
La venta de 4.000 féretros en régimen de monopolio convirtió en un negocio lucrativo la funeraria municipal. Así, la única carpintería de ataúdes de la isla cesó la producción al perder clientela, tras negarse a ceder a las pretensiones de la EFM. El nicho de mercado abierto lo ocuparon las cajas importadas de China.
Competencia actuó ante la denuncia de la Asociación de Agencias Funerarias de Baleares y de una empresa expulsada de Palma por la EFM a Sóller, donde la persecución municipal prosiguió. Los denunciantes levantaron actas notariales de cómo Collado bloqueó féretros en la puerta del tanatorio de Palma si no actuaba su empresa. "Se impedía el acceso" para una incineración y "se negó la posibilidad de dejar un cadáver en la cámara de refrigeración", aseguran los denunciantes.
