Bárcenas sugirió al Supremo que en Castilla y León pudo haber sobornos

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas -que mantiene su despacho en la calle Génova y aún ejerce algunas funciones- no incriminó sólo a Luis Delso, presidente de Isolux, en su declaración como imputado provisional ante el Tribunal Supremo. Bárcenas apuntó a Delso cuando le preguntaron quién es ese "Luis el cabrón" que aparece en la contabilidad b de la red Gürtel. Y cuando el juez Francisco Monterde quiso saber quién era la "L" que aparece como perceptor de sobornos en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), que la policía cree que podría corresponder al ex tesorero, Bárcenas también desvió el tiro incriminando a otras personas.

Los investigadores apuntan a Bárcenas y a Jesús Merino, el otro parlamentario nacional del PP implicado, como perceptores de sobornos. El ex tesorero le dijo al juez, según diversas fuentes del PP, que para poner nombres a las varias iniciales que aparecen en la contabilidad b sobre esta variante (L; G; J; TO), los investigadores deberían, por el contrario, buscar entre las personas responsables de la adjudicación.

En ese momento, el consejero de Fomento de Castilla y León era José Manuel Fernández Santiago, también conocido como Toti, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, al que un informe policial reciente sitúa como posible perceptor de sobornos de la red que dirigía Francisco Correa, extremo que él niega rotundamente.

El organigrama de esa consejería en el momento de la adjudicación a la empresa Teconsa de esa obra, por la que, según la contabilidad b hallada por la policía, habría pagado un 3% de comisiones en forma de sobornos, era el siguiente. Fernández de Santiago era el consejero y máximo responsable de la adjudicación de la obra. La TO que aparece podría corresponderle a él, según la policía. Luis Solís Villa era el director general de Carreteras, por tanto, muy vinculado a la adjudicación. Y Jesús Martínez Almeida era coordinador de servicios de la Dirección General de Carreteras, también responsable de la adjudicación.

El Gobierno de Castilla y León insiste en que el expediente de esa adjudicación fue impecable. Sin embargo, este Ejecutivo niega información a la oposición sobre otras adjudicaciones a otras empresas vinculadas con la red.