La UE cede ante Irlanda para que apruebe el Tratado de Lisboa

Irlanda tiene ya las garantías concedidas por la Unión Europea para convocar un nuevo referéndum sobre el Tratado de Lisboa y desatascar el proceso de construcción de la Unión. El proyecto europeo sufrió un serio revés el 12 de junio de 2008 cuando los irlandeses rechazaron el tratado que potencia la capacidad de toma de decisiones de la UE.

Las nuevas garantías serán aprobadas por los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete en la cumbre que se celebrará en Bruselas mañana, jueves, y el viernes. Las concesiones garantizan de manera explícita la neutralidad militar de Irlanda, la protección del derecho a la vida (prohibición del aborto) y a la familia; su autonomía fiscal; los derechos de los trabajadores y el pleno empleo como objetivo de la UE y el mantenimiento de un comisario por país.

Los líderes evitan que las concesiones sean ratificadas por los Estados miembros

Las garantías, que se adoptarán mediante tres anexos a los que ha tenido acceso este diario, serán aprobadas por los líderes sin necesidad de su posterior ratificación por los Estados. Anteriormente, algunos dirigentes como el presidente francés, Nicolas Sarkozy, habían indicado que los compromisos a Irlanda serían posteriormente ratificados por los Estados miembros, con ocasión de tratados de adhesión de un nuevo miembro como Croacia. Sin embargo, varios países como Reino Unido, Suecia, Polonia y la República Checa, y expertos jurídicos comunitarios temen que la ratificación por cada Estado podría abrir de nuevo la caja de Pandora y ser aprovechada por cada uno de ellos para añadir sus asuntos pendientes.

La fórmula utilizada de anexos, en lugar de protocolos, es para significar que se trata de un acuerdo político y no jurídico,que no modifica el Tratado de Lisboa.

El primer anexo asegura que nada en el Tratado de Lisboa "afectará de manera alguna el ámbito y la aplicación de la protección del derecho a la vida, la protección de la familia y la protección de los derechos de la educación previstos por la Constitución de Irlanda".

Igualmente establece que "nada del Tratado de Lisboa produce cambios de ningún tipo para los Estados miembros en la extensión de las competencias de la Unión Europea en relación a la fiscalidad".

En materia de seguridad y defensa, el anexo asegura que el tratado "no afecta o perjudica la tradicional política de neutralidad de Irlanda". Y precisa que Irlanda, "actuando en un espíritu de solidaridad", es la que "determina la naturaleza de la ayuda o asistencia que se proporcione al Estado miembro que sea objeto de un ataque terrorista o víctima de una agresión armada en su territorio". Y añade que "cualquier decisión dirigida a la defensa común requerirá la decisión unánime del Consejo Europeo".

En el documento los líderes sostienen que "el Tratado de Lisboa no prevé la creación de un Ejército europeo o la formación para un servicio militar obligatorio". Igualmente recuerdan que el Tratado "no afectará al derecho de Irlanda o de cualquier otro Estado miembro a determinar la naturaleza o el volumen de sus gastos en seguridad y defensa y la naturaleza de su capacidad militar". Añade que será un asunto a decidir por Irlanda o cualquier Estado miembro "participar o no en cualquier operación militar".

De manera "solemne", un segundo anexo subraya los derechos de los trabajadores y la política social de la UE. En este contexto señala que la modificación de los tratados anteriores por el de Lisboa persigue "un mercado interior y un desarrollo sostenible para Europa" que busca "el pleno empleo y el progreso social y un alto nivel de protección y la mejora de calidad del medio ambiente".

Un tercer anexo recoge una declaración nacional de Irlanda en la que vuelve a ratificar de manera más explícita que "su participación en la política exterior y de seguridad común no prejuzga su tradicional política de neutralidad militar". Y subraya que en línea con esta neutralidad "Irlanda no está vinculada por ningún compromiso mutuo de defensa común".