La Junta aumentó en 124 millones el fondo de los ERE en 10 años
El Consejo de Gobierno aprobó siete ampliaciones presupuestarias
Las partidas presupuestarias destinadas a financiar ayudas sociolaborales para empresas en crisis aumentaron en 124 millones de euros desde 2000 hasta 2010. Hasta en al menos siete ocasiones, el Consejo de Gobierno aprobó modificaciones de los créditos iniciales contemplados en los diferentes presupuestos de la Junta de Andalucía, según la información a la que ha tenido acceso este periódico. Salvo en tres anualidades, todos los años se produjeron incrementos destinados a pagar prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas a empresas en crisis.
La titular del Juzgado 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga un presunto fraude en el pago de estas ayudas, por la presencia de intrusos, hasta 72 de un total de 5.982 trabajadores, según el chequeo interno de la Consejería de Empleo. Pero Alaya también investiga otro hecho: si el procedimiento administrativo seguido para conceder estas ayudas "puede constituir un delito de prevaricación", según escribe en un auto fechado el pasado 30 de marzo.
Las ampliaciones de crédito aprobadas por el Consejo de Gobierno fueron la munición política que empleó el popular Javier Arenas para acusar al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de conocer el fraude de los ERE, durante una intervención en el pleno del Parlamento de hace 15 días en el que hizo juegos malabares con las palabras. Ya en esa sesión, Griñán admitió que no solo se habían producido cuatro ampliaciones de crédito sino "muchas más".Las transferencias de capital se produjeron en los años 2000 (5,4 millones); 2001 (72,2 millones); 2002 (32,1 millones); 2005 (799.895 euros); 2006 (9,3 millones); 2007 (7,4 millones); 2008 (439.650 euros); y 2009 (300.000 euros). Ni en 2003 ni en 2010 hubo cambios presupuestarios y solo en un ejercicio, el de 2004, se produjo una disminución presupuestaria por 3,6 millones. Según fuentes de la Junta, siete de estos cambios se aprobaron en el Consejo de Gobierno con el preceptivo informe favorable de la Intervención General.
En total, las obligaciones reconocidas en estas ayudas -bien a través del programa presupuestario 22E y la ya famosa partida 31L- desde 2000 hasta 2010 ascienden a 699 millones. Las fuentes consultadas calificaron de "normal" las modificaciones de crédito en los presupuestos. La Comunidad de Madrid aprobó en 2009 2.587 expedientes de modificación, según la Cámara de Cuentas de esa región. En ese año, en Andalucía los cambios presupuestarios fueron 942, según datos oficiales.
Mientras, Empleo adeuda a cinco compañías aseguradoras en torno a 300 millones, según fuentes de la negociación entre la Administración y las empresas. Esta deuda bloquea los cobros de más de 1.000 prejubilados, que no perciben sus pólizas desde la pasada Navidad. La situación es cada vez más angustiosa para multitud de familias que ven cómo las negociaciones se eternizan. El fantasma de movilizaciones con trabajadores cuyo malestar es creciente supone una losa que de momento no desatasca la salida del dinero de Empleo. "Si a finales de abril no se paga, se va a liar gorda con las elecciones a la vuelta de la esquina", dice uno de los negociadores.
"Hasta ahora tirábamos de las ayudas familiares. Pero ya no tiramos porque llevamos desde finales de diciembre sin cobrar", se lamenta Remedios Fuentes, portavoz de los 400 prejubilados en la empresa textil Hitemasa.
La nueva norma recién publicada para endurecer los controles, debería haber allanado el camino para que el dinero fluyera hacia las aseguradoras. Pero Generali, BBVA Seguros, Apra Leven, ING y VidaCaixa no comenzarán a pagar a los trabajadores hasta que Empleo pague sus compromisos. "Procedimos al impago porque estaban en negativo desde diciembre. Mi esperanza es que todo acabe esta semana tras la adaptación a la nueva norma", comenta José Antonio Mateos, director de la división Vida Colectiva de la aseguradora Generali.
Los prejubilados están ubicados por todo el territorio en empresas como Hitemasa en Málaga, las bodegas González Byass y Zoilo Ruiz Mateos en Jerez, Delphi en Cádiz, Springer Arteferro en Dos Hermanas o Minas de Alquife en Granada.
La explicación del atasco de los 300 millones, gran parte de los cuales corresponden a los intereses acumulados, es sencilla: la Junta estableció secuencias de pagos con las aseguradoras para financiar las costosas prejubilaciones durante años. Pero el pasado febrero explotó el escándalo de los ERE y Empleo ordenó detener los pagos hasta asegurar un método que regulara el sistema y evitara los intrusos. De momento, los impagos continúan. Empleo alega que parte de las prejubilaciones dependen de la aseguradora belga Apra Leven, que está en administración concursal, y que baraja que compañías alternativas se hagan cargo de las pólizas de Apra, a la que la Junta adeuda 32 millones.
"El acuerdo estaba casi cerrado, pero la Secretaría de Estado de Hacienda nos persuadió de tener cautela antes de pagar, debido a la quiebra de la compañía", explican fuentes de la Junta. Un portavoz de Empleo rechazó aclarar qué calendario de pagos baraja la Consejería para que los prejubilados empiecen a cobrar.
