Un exalcalde de Orihuela afronta ocho años de inhabilitación por supuesta prevaricación

José Manuel Medina, exalcalde del PP en Orihuela, se enfrenta a una pena de inhabilitación seis años después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante presentara una denuncia contra él por supuestas ilegalidades contables y urbanísticas en la gestión municipal. El fiscal desglosó la denuncia en 16 sumarios. Por uno de ellos, relacionado con una permuta de suelo, el Juzgado de Intrucción número 2 de Orihuela ha decretado apertura de juicio oral.

Por este caso, el ministerio fiscal solicita una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Medina por un supuesto delito de prevaricación en comisión por omisión, al no solicitar a un agente urbanizador (Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas) 4.220,50 metros cuadrados -o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros- que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad como condición para desarrollar un proyecto de reparcelación del municipio.

En su escrito de acusación, el fiscal recoge que en diciembre de 2003 el Ayuntamiento adjudicó a la mercantil Residencia Vistalegre, SA una parcela de 27.270 metros cuadrados, por un precio de 13.601.194 euros, y que posteriormente esta empresa informó al Consistorio que, tras una medición, la parcela tenía 23.310 metros cuadrados. Tras recibir esta información, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela constató que la parcela adjudicada medía 4.220,50 metros menos de los que debía, por lo que fijó su precio en 11.496.187,50 millones de euros.

Así, y para "restaurar el equilibrio patrimonial de la Corporación", la entonces concejal delegada de patrimonio, Eva Ortiz Vilella, propuso en mayo de 2004 iniciar los trámites para que se resaciera al Ayuntamiento por la diferencia de superficie de la parcela, una propuesta aprobada en junta de gobierno local. En junio del mismo año, el que fuera alcalde de Orihuela hasta 2007, José Manuel Medina, dictó un decreto en el que informaba a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas -que fue quien aportó la finca para convertirse en agente urbanizador del proyecto de reparcelación- que la parcela que entregó al Ayuntamiento tenía 4.220,50 metros cuadrados menos de los que debía tener , por lo que le solicitaba que aportara el resto de la superficie que faltaba o procediera a su indemnización.

Puesto que el agente urbanizador no dio respuesta alguna a este decreto, Medina dictó otro, el 6 de julio de 2004, en el que daba a la Agrupación de Interés Urbanístico un plazo de 15 días para aportar los metros cuadrados o el dinero equivalente, y le informaba de que si no se obtenía respuesta al problema, el Ayuntamiento ejecutaría las acciones que procedieran ante los tribunales.

El acusador público sostiene que Medina, siendo "plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no solo no acordó la ejecución de las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia, tal y como anunciaba el decreto, sino que además no realizó actividad alguna tendente a restaurar el equilibrio patrimonial del consistorio, que había resultado mermado como consecuencia de la falta de cabida" en la parcela.