El Salvador no detendrá ni extraditará a los militares acusados por el crimen de los jesuitas españoles

Los nueve exmilitares salvadoreños reclamados por España y encausados en la Audiencia Nacional por su implicación en la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989 han sido puestos en libertad por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador. Con 10 votos a favor y dos en contra, el tribunal ha decidido no detener ni extraditar a los nueves acusados debido a que no existe una solicitud formal de extradición por parte del Gobierno español.

La CSJ ha agregado que para poder proceder a la captura de los ex militares se necesita que el Gobierno español por la vía diplomática envíe al Estado salvadoreño una petición explícita de captura con fines de extradición. Una vez llegue el documento, la Corte volvería a reunirse para analizar la solicitud, según informa la prensa local.

El juez Ulices Guzmán ha manifestado que la CSJ no tiene por qué considerar decretar una detención de una solicitud que no ha sido formulada. En tanto que el magistrado de la Sala de lo Civil, Mario Valdivieso, ha explicado que la orden de difusión roja emitida por la Interpol a principios de este mes contra los militares "sólo es una orden de localización, no de captura".

Los exmilitares señalados por el crimen de los jesuitas durante la guerra civil son Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Ayala Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. Actualmente se encontraban alojados en la Brigada Especial de Seguridad Militar salvadoreña, pero la orden de la corte les permite abandonar el recinto y gozar de libertad sin restricciones. Los acusados se habían entregado el pasado 7 de agosto tras conocer la orden de captura de difusión roja emitida por la Interpol.

La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989 cuando miembros del Batallón Atlacatl atacaron la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinaron a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA, Elba Julia Ramos y a su hija Celina, una adolescente de 16 años. Diez uniformados fueron condenados en 1991 por este hecho, pero dos años más tarde quedaron en libertad gracias a una ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil (1980-1992).

Detenido en EEUU. Otro de los imputados en el crimen de los jesuitas, el ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, ha sido detenido el pasado martes en Massachusetts, EE UU por mentir en la solicitud de residencia. El ex viceministro de Seguridad Pública gozaba de asilo temporal por catástrofes naturales o guerras, un status que se ofreció a los nativos salvadoreños luego del terremoto del 2001. Montano se encuentra bajo arresto domiciliario en casa de su hermana, en Saugus. Fue denunciado por una organización de derechos humanos de vivir en suelo estadounidense bajo su propio nombre después de haber sido acusado en 1993 por un panel de la ONU por su participación en las reuniones donde se planeó el crimen de los jesuitas, según informa el The Globe Boston.