Gallardón recurre ante los tribunales el reparto de consejeros en Caja Madrid

El Ayuntamiento de Madrid presentó ayer ante los Juzgados de Plaza de Castilla un recurso contra el reparto de los consejeros cedidos por la Casa Real establecido por la comisión de control de Caja Madrid, con el objetivo de que el juez paralice el proceso electoral antes del 9 de octubre, según han informado en fuentes municipales.

Asimismo, a este recurso se suma una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas autonómica, por incumplimiento de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), en cuanto a lo establecido por ésta de que si la entidad fundadora renuncia a nombrar a sus representantes en la asamblea general de la entidad, se repartirán de manera proporcional entre todos los sectores que la forman.

Tal y como anunció el Consistorio en cuanto supo que quedaría excluido del reparto de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha optado por ir a los tribunales después de presentar formalmente una impugnación ante la comisión electoral de la caja. De hecho, está previsto que el próximo lunes la comisión electoral analice esta impugnación, después de que esta semana la cuestión levantara un encendido debate entre aguirristas y gallardonistas.

Reparto "erróneo"

El Ayuntamiento busca que se anulen las solicitudes enviadas por la comisión electoral a la Asamblea de Madrid (53), los ayuntamientos (80) y las entidades representativas (62) para que den los nombres de sus representantes en la asamblea general antes del 9 de octubre, al considerar erróneo el reparto entre sectores de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, por excluir a las corporaciones locales.

Argumenta que, en el momento en que la entidad fundadora renunció a dichos puestos en la asamblea general de la Caja, en noviembre de 2008, aún estaba en vigor la Ley de 2003, que preveía expresamente que, en estas circunstancias, los representantes de la Corona acrecentarían proporcionalmente por igual a todos los sectores.

La Ley de Cajas aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre ya se enfrentó la pasada primavera a un recurso de inconstitucionalidad que obligó a su modificación, aunque no respecto al reparto de los representantes cedidos por la Corona, pese a que el Ayuntamiento siempre defendió su incoherencia respecto a la LORCA.