Prisión para las dos empresarias acusadas de pagar a ETA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado hoy el ingreso en prisión incondicional para las dos empresarias detenidas la noche del martes en Orio (Guipúzcoa) por realizar pagos voluntarios a la organización terrorista ETA. El juez les acusa de colaboración con ETA mediante el pago voluntario de dinero a la banda terrorista.

Según el juez, está acreditado que ambas recibieron sendas cartas entre los años 2003 y 2005 en la que se les pedía en un primer momento 120.000 euros y de forma posterior 30.000 euros. Las dos hermanas -María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz- negociaron una rebaja de hasta 6.000 euros, cantidad que finalmente pagaron, explica el juez en su auto.

El magistrado ha detectado términos que no son habituales en la extorsión a empresarios. En una carta que supuestamente les envió Javier López Peña, Thierry, jefe de la banda terrorista, se les da las gracias debido a que con esta financiación han contribuido "a la libertad de Euskal Herria" y se les anima a que en el futuro sigan realizando aportaciones económicas. Garzón considera que el contenido de la misiva demuestra, por una parte, la próximidad ideológica de las dos hermanas a ETA y por otra, que disponían de la "vía para continuar colaborando" con la banda terrorista.

Ambas han prestado declaración desde las 9.30 de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en un interrogatorio en el que han reconocido haber recibido dos cartas de extorsión de ETA, que les llegaron entre 2003 y 2005. Las dos hermanas han asegurado, sin embargo, que no pagaron nada a la organización terrorista y que se limitaron a romper las misivas, según fuentes jurídicas.

Ligadas a Euskal Herritarrok

Las empresarias arrestadas pertenecen al entorno de la izquierda abertzale. María Isabel estuvo ligada a Euskal Herritarrok en las elecciones municipales de 1999. Las cartas que recibieron no tenían tono amenazante y empeban "agradeciendo la colaboración", a diferencia de las que la banda terrorista envía para exrorsionar a otros empresarios. Se trata de una forma de fiananciación que ETA empezó a emplear a partir de la ruptura de la tregua en 2000.

Los pagos realizados a ETA figuran en la documentación intervenida a raíz del arresto el pasado 20 de mayo, en Burdeos (Francia), de Francisco Javier López Peña, Thierry, considerado uno de los máximos dirigentes de la organización terrorista, según confirmó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El registro de la pequeña vivienda de Burdeos que ocupaban los cuatro presuntos etarras permitió hallar una nota manuscrita en la que la banda terrorista agradecía a las dos hermanas su aportación voluntaria a la organización terrorista.

Además de haberse hallado la prueba de estos supuestos pagos en el material intervenido al número uno de ETA, ha habido contradicciones en las declaraciones de las dos hermanas, han señalado las mismas fuentes, que apuntan a su presunta implicación en los hechos de los que se las acusa.

Las dos hermanas presiden la empresa Andrés Bruño e Hijos S.A, que cuenta con 13 empleados y se dedica a la comercialización de mariscos y precocinados. La sociedad fue fundada por su padre, quien fue alcalde del PNV en la localidad de Usurbil y sufrió la extorsión de ETA.