El Consejo quiere remitir un millón de infracciones leves a los jueces de paz

El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) propone sacar de los juzgados en torno al millón de asuntos penales (las infracciones leves) para aliviar los endémicos atascos. Esta iniciativa, que requiere modificaciones legales, pasa por potenciar la mediación y elevar la competencia de los jueces de paz, que asumirían el enjuiciamiento de las infracciones leves (insultos, pequeñas agresiones, daños...). De esa forma, se descargaría a los juzgados de un 12% de los asuntos que les llegan. Los juzgados y tribunales españoles registraron en 2008 casi nueve millones de asuntos, ha explicado el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, durante la presentación de la Hoja de Ruta con la que el Consejo pretende acometer una profunda reestructuración y modernización de la justicia. El objetivo, aliviar los retrasos. "Porque el actual modelo", ha subrayado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, "es caótico, está agotado y es obsoleto".

La medida de descargar a los juzgados de instrucciones de las faltas no es baladí. Los 50 juzgados de instrucción de Madrid (los que investigan delitos) celebran cada semana en torno a 15 juicios de faltas, con sus respectivas sentencias. Son asuntos de escasa envergadura, pero que generan una gran tensión entre los implicados. Los jueces de paz no tienen que ser licenciados en Derecho. Los eligen las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores a propuesta de los Ayuntamientos. "Se trata de que sólo quede en la Administración de Justicia aquello que sea necesario ser resuelto por un juez", ha añadido De Rosa.

Pero esta medida no sólo afectaría a las faltas, también cabría extenderla a asuntos civiles (conflictos no penales entre ciudadanos) de escasa envergadura, que se sacarían de los juzgados de primera instancia, potenciando los mecanismos de arbitraje y mediación. El vocal Manuel Almenar ha expuesto varios ejemplos del coste y esfuerzo público que supone activar la maquinaria judicial para asuntos nimios. Por ejemplo, judicializar una disputa entre un automovilistas y el dueño de un autolavado por, por ejemplo, la rotura de un espejo retrovisor que cuesta 100 euros, supone al erario público, si media recurso, hasta 4.500 euros.

Ésta sólo es una de medidas con que el Consejo pretende renovar la justicia española y asumir el liderazgo de las reivindicaciones que el 18 de febrero derivaron en la primera huelga de jueces de España. La Hoja de Ruta se compone de ocho medida que requieren la reforma de 13 leyes procesales. La intención es efectuar una nueva planta judicial; es decir, analizar la carga real de trabajo de los juzgados y aglutinar el mayor número de recursos humanos y materiales allí donde sean necesarios. "Con la actual planta no podemos atender al volumen de asuntos que se nos plantea", ha explicado Almenar, por lo que el CGPJ va a redefinir la carga razonable de trabajo de los jueces, estudio que tendrá elaborado el próximo mes de junio.

Los otros ejes de la Hoja de Ruta son la nueva Oficina Judicial, que deja al juez para que juzgue y ejecute sentencias y delega en el secretario, como jefe de la oficina judicial, el impulso procesal. También incluye la aplicación de las nuevas tecnologías (con la mirada puesta en la sustitución del papel por la informática), la Carta de Derechos de los usuarios, promover la mejora de la actividad de los órganos judiciales, modernizar el Estatuto de los Jueces y adecuar el marco de participación de las Comunidades Autónomas. ¿Hay dinero para modernizar la justicia? Los vocales asistentes ?además de los citados estuvieron presentes Antonio Dorado, Miguel Collado y Carles Cruz Moratones? coinciden en que el Consejo no tiene capacidad presupuestaria, si bien se mostraron "esperanzados" con las promesas del nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ha comprometido una inversión de 600 millones y la creación de 900 plazas nuevas de jueces en cuatro años. También confían en los compromisos presupuestarios de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia.

La hoja de ruta responde al Plan de Modernización de la Justicia aprobado el pasado mes de noviembre por el pleno del CGPJ, que trabaja en coordinación con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. Esta será analizada en una comisión mixta que tendrá lugar después de Semana Santa. Respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías, el vocal Carles Cruz Moratones ha recordado que en su último pleno el Consejo aprobó una reforma del Reglamento que impone a los jueces la obligatoriedad del uso de los sistemas informáticos y que todos los asuntos sean registrados siguiendo los mismos parámetros. Se trata de sustituir el papel y que el expediente digital o electrónico sea una realidad a medio plazo.