El fiscal de Valencia investiga al PP por llevar a inmigrantes a un mitin de Rajoy
Indaga si hubo delito electoral y contra los trabajadores en la campaña de las europeas.- Un grupo de asistentes afirmó que les ofrecieron empleo por ir al acto
La Fiscalía de la Audiencia de Valencia investigará al PP de Valencia por los posibles delitos cometidos contra los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros. A los que añadirá otro, este de carácter electoral, por el traslado de un grupo de inmigrantes latinoamericanos de Castellón en autobús al mitin que Mariano Rajoy dio en la plaza de toros de Valencia el pasado 2 de junio, con motivo de las elecciones europeas.
Ese día, según contó un portavoz del Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos de Castellón, alrededor de 100 personas fueron convocadas por un intermediario para que acudieran a un acto en el parque Ribalta de Castellón, donde se les invitó a subirse a varios autobuses para desplazarse al mitin en Valencia.
El PP ha negado sistemáticamente haber utilizado a nadie para llevar gente a sus mítines, mucho menos haber prometido puestos de trabajo a cambio de acudir a sus actos.
El Centro Integral de Inmigrantes denunciaría después un supuesto fraude a 39 familias de inmigrantes residentes en Castellón a las que se les prometió un puesto de trabajo con la condición de acudir al mitín central del PP en la Comunidad Valenciana. Las ofertas de trabajo realizadas por Pablo Larrocha, un mediador entre empresarios y trabajadores, nunca se llegaron a concretar. El Centro de Inmigrantes, el intermediario, les comunicó posteriormente que "no le interesaban suramericanos, colombinaos, ni moros, ni mucho menos negros; solo necesitaban españoles para este trabajo".
Tras conocerse estos hechos, la responsable de Movimimientos sociales de los socialistas valencianos, Clara Tirado, presentó una denuncia en la Fiscalía que ahora será investigada. Tirado ha valorado la decisión del ministerio público, señalando al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y al consejero de Inmigración, Rafael Blasco, como "los responsables directos de esta acción, por haber engañado y manipulado a aquellas personas que están atravesando por una situación precaria y de dificultad".
La responsable socialista confina en que la Fiscalía aclare "el posible vínculo que une al supuesto intermediario y al PP de la Comunidad Valenciana, y compruebe si nos encontramos ante un hecho aislado o ante el "modus operandi" que utiliza el PP para llenar sus mítines.
