El TSJM pide al Gobierno de Camps los contratos con empresas de la 'trama Gürtel'

El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó el pasado 3 de agosto una providencia en la que requirió a la Generalitat valenciana la relación de pagos y contratos con 13 empresas relacionadas con Francisco Correa, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La petición se refiere a los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado desde 1998 entre esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa, con 13 empresas de la red corrupta vinculada a cargos del PP.

El requerimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para hacer efectivo la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que se inhibiera a favor de los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y de Valencia para que asumieran la investigación del caso Gürtel al implicar a aforados del PP madrileños y valencianos.

En la nota, el TSJM insiste en que esta solicitud no obedece al deseo del juez de investigar las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa, sino "al interés de conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional". De este modo, el magistrado obra a petición del Ministerio Fiscal después de que de "forma reiterada así se lo ha venido solicitando ante la demora de la Generalitat valenciana a la hora de facilitar la relación de los pagos y contratos señalados con anterioridad". "Las investigaciones practicadas por el Ministerio Fiscal y el juez instructor ni están dirigidas contra Francisco Camps ni tienen por tanto que ver con el mismo", añade la nota del TSJM.

A principios de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivó la causa abierta contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. El Tribunal determinó que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama de Correa no son constitutivos de delito.