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Los municipios de la discordia

División en Colombia en torno a la exigencia de las FARC de una desmilitarización de Pradera y Florida para las conversaciones de paz

Los municipios colombianos de Florida y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca, están enclavados en un territorio donde los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desplazan a sus anchas a través de corredores desde la Cordillera Central por los departamentos de Tolima y Quindío hacia el Pacífico. La movilidad por estos cañones evita que tengan que subir montañas y agiliza sus movimientos en una zona de gran importancia geoestratégica para las FARC.

El control de Florida y Pradera, donde viven 140.000 habitantes, dejaría a la guerrilla a 45 kilómetros de Cali (segunda ciudad del país) y en mejor posición para el trasiego de droga desde el norte del Cauca a la costa, y de suministros de armas y municiones que entran por el puerto de Buenaventura.

Así las cosas, las FARC exigen la desmilitarización (o despeje) de 680 kilómetros cuadrados durante 45 días, como condición principal para sentarse a negociar con el Gobierno de Álvaro Uribe un acuerdo humanitario sobre un intercambio de 40 secuestrados (los llamados canjeables) por unos 500 guerrilleros presos.

Para los rebeldes, el interés no es sólo estratégico. Tiene también un componente histórico. Así lo reconoció el cabecilla muerto Raúl Reyes a uno de los mediadores para lograr un acuerdo humanitario.

Pradera y Florida están en un eje próximo al departamento de Tolima, donde nació (Génova) y trabajó en sus años mozos como empleado del Ministerio de Obras Públicas (Planadas) el octogenario líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.

Desde hace años, las distintas propuestas que han barajado los países mediadores en el conflicto colombiano —Francia, Suiza y España— y la Iglesia contemplan una zona de despeje o de encuentro en torno a los municipios de Pradera y Florida.

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Oficialmente, el Gobierno ha mantenido un rechazo frontal a la pretensión de la guerrilla. Sin embargo, con la boca pequeña, el presidente Uribe ha transmitido a la Iglesia que podría llegar a aceptar una zona poco poblada de 150 kilómetros cuadrados, por encima de la cota de 1.500 metros, sin instalaciones militares y policiales, y sin mencionar Pradera y Florida, como lugar de encuentro con las FARC.

En diciembre de 2005, los tres países "facilitadores" propusieron una zona desmilitarizada de 250 kilómetros cuadrados, sin cabeceras municipales.

Debate

El diario El País de Cali convocó el sábado una mesa redonda para debatir el tema en la que participaron autoridades civiles y militares de las zonas afectadas, congresistas y familiares de secuestrados. La opinión mayoritaria fue un rotundo no a la exigencia de la guerrilla. "Para dialogar no necesitan despejar un territorio", dijo el gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. "Cali quedaría prácticamente secuestrada por las FARC", apuntó el general Jaime Esguerra, comandante de la Tercera Brigada del Ejército. "Despejar cualquier zona del territorio colombiano implica un reconocimiento político", advirtió el congresista Roy Barreras.

En la mente de muchos pesa el recuerdo del despeje concedido a las FARC por el Gobierno de Pastrana de 42.000 kilómetros cuadrados en San Vicente del Caguán, donde la guerrilla se movía con entera libertad y que no sirvió para lograr ningún acuerdo.

Pero en la mesa redonda de El País también hubo opiniones discordantes con el rechazo frontal a las pretensiones de la guerrilla. "Aquí se trata de salvar vidas humanas", señaló Patricia Nieto, esposa del ex diputado secuestrado Sigifredo López, que consideró que Pradera, su municipio natal, no sería vulnerable en una eventual desmilitarización durante 45 días. Por su parte, Fabio Cardozo, ex asesor de Paz, subrayó: "No creo que estando 45 días vayan a fortificarse de tal manera que esto signifique una descompensación en el equilibrio estratégico de las fuerzas del Estado".

La mayoría de los habitantes de la zona está en contra del despeje. En enero, más del 90% de la población de Florida dijo no en una consulta. Los grandes latifundios azucareros propiedad de Carlos Ardile Lule, uno de los principales productores del mundo y partidario del presidente Uribe, son la principal fuente de trabajo para los habitantes de Pradera y Florida, donde el índice de desempleo es de los más bajos de Colombia.

En estas condiciones, el despeje es visto por muchos como una opción de alto riesgo.

Los países facilitadores y sus limitaciones

Francia, Suiza y España han tratado de coordinar esfuerzos desde que se implicaron en un proceso tan complejo como el de las negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La complicidad tiene sus limitaciones, y las tres naciones tienen agendas e intereses políticos no siempre coincidentes.

Para Francia, la situación de Ingrid Betancourt es un asunto de política interna. La presión de la prensa y de los mil comités de solidaridad con la rehén, que comparte la nacionalidad colombiana con la francesa, y las 600.000 firmas de apoyo a Betancourt que llegaron al Elíseo ha conseguido que el caso esté permanentemente sobre la mesa del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Daniel Parfait, ex embajador francés en Colombia y director general de América Latina en el Quai d'Orsay, está casado con Astrid Betancourt, hermana de Ingrid. En las próximas semanas asumirá su nuevo cargo de embajador en México. Noel Sáenz, cónsul de Francia en la época de Parfait, se ha convertido en el contacto con las FARC. Se entrevistó en varias ocasiones con el guerrillero muerto Raúl Reyes en la selva. "Desde el primer día del secuestro, Ingrid es un trofeo por el que pugnan distintos políticos franceses", opina una fuente próxima al grupo de países facilitadores.

Suiza, por su parte, ha procurado mantener puentes tendidos a las FARC, a través de favores prestados. Familiares de miembros del secretariado de la guerrilla han sido acogidos en territorio suizo. Su emisario es Jean Pierre Gontard, director adjunto del Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo (Ginebra) y asesor del Departamento Federal de Asuntos Exteriores del Gobierno helvético, que ha participado en numerosas misiones de paz, especialmente en África y América Latina.

España ha tenido menos presencia en los medios de comunicación que Francia, pero no por ello su papel ha sido menos activo. La presencia española ha sido destacada en los distintos intentos de lograr una salida negociada al prolongado conflicto colombiano. En la fase actual, la postura de España pone el acento en que toda iniciativa debe contar con el conocimiento previo del Gobierno colombiano. El embajador, Andrés Collado, es un diplomático con experiencia en procesos de paz en Centroamérica.

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