Tercera orden de detención contra el dictador argentino Videla

El dictador argentino Jorge Rafael Videla sumó ayer su tercera orden de detención después de negarse a declarar ante la justicia argentina en una causa por cerca de 200 delitos de lesa humanidad, que no prescriben pese a que han pasado más de 28 años desde que fueron cometidos. Dadas las anteriores órdenes de arresto, Videla, de 82 años, ya se encontraba desde 1998 bajo el régimen de prisión domiciliaria, beneficio al que se pudo acoger por su avanzada edad.

Las fuerzas de seguridad trasladaron ayer a Videla desde su casa, en el acomodado barrio de Belgrano, en Buenos Aires, hasta los tribunales de Retiro, donde compareció ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.

El ex jefe de la dictadura militar, que causó la desaparición de hasta 30.000 personas durante su mandato(1976-1983), según organismos de derechos humanos, se negó esta vez a declarar. No quiso ampliar sus declaraciones previas en esta causa por 570 secuestros, 270 casos de torturas y 29 homicidios perpetrados por el Primer Cuerpo del Ejército.

Los otros dos casos que habían llevado al arresto domiciliario de Videla eran sobre el robo de bebés de detenidas desaparecidas y sobre los crímenes cometidos por la denominada Operación Cóndor, por la que los regímenes militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay coordinaron la represión de militantes de izquierda en la década de los setenta. Ninguna de estas dos causas ha llegado todavía a juicio oral para definir la condena o la inocencia del dictador. El juez Rafecas dijo ayer que la orden de detención por el caso del Primer Cuerpo del Ejército es el "paso previo a la inminente elevación a juicio oral", que tal vez se celebre antes de julio.

Causa reabierta

Videla había sido condenado por las violaciones a los derechos humanos a prisión perpetua en 1985, dos años después del regreso de la democracia en Argentina, pero en 1990 fue indultado por el entonces presidente, Carlos Menem (1989-1999). En 1998 quedó bajó arresto domiciliario por delitos que no habían sido juzgados en su momento.

La causa del Primer Cuerpo del Ejército se reabrió en 2003, después de que, en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), el Congreso anulara las leyes de amnistía para los subordinados de las fuerzas militares y policiales que se habían votado con Raúl Alfonsín (1983-1989). Tres altos jefes militares y nueve policías también serán sometidos a juicio oral por este caso.

Ante los tribunales, Videla había asumido en anteriores audiencias la responsabilidad de la represión ilegal de su régimen y había deslindado de culpas a sus subordinados. También se justificó al decir que se trataba de una "guerra contra la subversión" y pidió que no lo juzgara la justicia civil sino el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.