Una congresista colombiana denuncia un pacto entre 'paras' y 410 políticos
La fiscalía entrega a los familiares los cadáveres de 27 víctimas de la guerrilla y los paramilitares
La congresista colombiana Gina Parody denunció ayer que en el año 2000 un grupo de 410 dirigentes políticos firmó un primer pacto con los escuadrones paramilitares para acordar como se repartirían entre ellos los cargos políticos y los contratos en una región del norte de Colombia.
El Pacto de Chivolo, el segundo que se denuncia después del llamado Acuerdo de Ralito, firmado en 2001 y que desencandenó un escándalo que tiene bajo investigación a más de 60 congresistas por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue rubricado el 28 de septiembre de 2000.
Parody, de la coalición que apoya el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha pedido a la fiscalía que le informe sobre quiénes, de los 410 políticos que firmaron ese acuerdo, están siendo investigados por sus vínculos con los paramilitares. "Tenemos un informe de la fiscalía donde le solicitamos que nos diga cuántas investigaciones tienen las personas que firmaron el Pacto de Chivolo, que fue el primer pacto que firmaron los políticos en alianza con los paramilitares", dijo la congresista.
El acuerdo supuestamente fue firmado en Chivolo, municipio del departamento de Magdalena (norte), el 28 de septiembre de 2000 y en el mismo se formalizó un pacto para repartirse los cargos políticos y contratos del departamento y municipios.
Un grupo de políticos, funcionarios públicos y empresarios de la costa caribeña de Colombia suscribieron en 2001 con la jefatura de las AUC el llamado Acuerdo de Ralito, en el que se comprometieron a "refundar el Estado" y a crear "una nueva Colombia".
Por otra parte, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) revelado ayer por el diario colombiano El Tiempo asegura que unos 819 paramilitares colombianos que se desmovilizaron en el proceso de paz acordado con el Gobierno han sido asesinados, la mayoría en disputas por el control de zonas y por rehusar incorporarse a nuevas bandas.
La misión de la OEA, que ha actuado como observadora del proceso de paz en Colombia, manifiesta "su mayor preocupación" porque "aún no se haya definido la situación jurídica" de los reinsertados, ya que, al no verla esclarecida, "pueden volver a las armas", advierte.
Entrega de restos
Entretanto, la fiscalía colombiana entregó ayer a las familias los restos óseos de 27 personas víctimas de la guerrilla y los paramilitares en los departamentos de Antioquia y Córdoba (noroeste). El jefe de la unidad nacional de fiscalías para la justicia y la paz, Luis González León, encabezó el acto de entrega de los restos que fueron exhumados durante este año en la región del Urabá.
La ceremonia se llevo a cabo en la ciudad de Medellín, capital provincial de Antioquia, donde asistieron los familiares de esas víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las disueltas AUC.
