La oposición boliviana amenaza con impedir la exportación de gas
Ampliarán el bloqueo de carreteras en cinco regiones y tratarán de impedir la venta de gas a Argentina y Brasil como medida de presión frente al Gobierno
Los gobernadores y líderes autonomistas de Bolivia anunciaron ayer que ampliarán el bloqueo de carreteras en cinco regiones y amenazaron con acciones contra la venta de gas a Argentina y Brasil como medida de presión frente al Gobierno.
La decisión fue anunciada por los líderes de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que exigieron al presidente, Evo Morales, que restituya los ingresos petroleros de las regiones y reiteraron que impedirán en sus territorios el referéndum sobre la nueva Constitución, convocado para diciembre.
Los dirigentes de la oposición están agrupados en el llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que desde el martes está reunido en la capital cruceña.
La principal decisión de los gobernadores ha sido "masificar el bloqueo de las carreteras a partir de esta fecha en los cinco departamentos del oriente y el sur del país" para respaldar los cortes de tráfico en la región del Chaco desde hace 10 días.
Restituir los ingresos de los impuestos petroleros
Con las protestas, la oposición exige al Gobierno que restituya a las regiones los ingresos procedentes de los impuestos petroleros que el Ejecutivo les recortó en enero pasado para el pago de un bono de ayuda a los mayores de 60 años.
La protesta, centralizada en la región del Chaco, interrumpe el paso hacia las fronteras con Argentina y Paraguay y ha provocado desabastecimiento de combustibles en el sur y oriente del país.
El Conalde advirtió de que, si el Gobierno mantiene su postura, que tilda de "confiscatoria", también puede adoptar acciones contra la venta de gas y petróleo, que tiene sus principales mercados externos en Brasil y Argentina.
Todas las instalaciones petroleras del este y sur de Bolivia están protegidas por el Ejército desde que la oposición comenzó sus protestas.
El Conalde también decidió "rechazar e impedir" que el Gobierno "imponga un texto de reformas constitucionales que carece de toda legalidad y legitimidad".
