Reino Unido inicia una investigación independiente sobre la guerra de Irak

Gordon Brown aparcó este lunes ante los Comunes sus promesas de la semana pasada de abrir una etapa de transparencia y valentía política en su manera de gobernar Reino Unido. Su anuncio sobre el fondo y la forma de la prometida investigación sobre la participación de Reino Unido en la guerra de Irak suscitó una catarata de críticas, sobre todo porque la investigación -que no empezará antes de agosto, cuando se hayan retirado las tropas británicas- será en privado, los investigadores no podrán culpar a nadie ni tomar en consideración asuntos que puedan derivar en responsabilidades civiles o criminales y el informe final no se debatirá hasta pasadas las elecciones generales.

Como en las anteriores investigaciones sobre la guerra de Irak, los límites impuestos por el Gobierno hacen pensar que decepcionará a quienes se opusieron o han criticado la invasión. Brown la presentó con grandilocuencia: una investigación "sin precedentes" porque, aunque seguirá el modelo seguido para investigar en 1982 los acontecimientos que provocaron la guerra de las Malvinas, se extenderá también a la manera en que se desarrolló la propia guerra y la posguerra, abarcando un periodo que va desde los atentados del 11-S hasta el final oficial de la participación británica en el conflicto, este año.

Los investigadores serán "completamente independientes del Gobierno", podrán consultar todos los documentos que quieran, siempre que estén en posesión de Reino Unido, y podrán llamar a declarar a quien quieran, aunque los testigos no estarán obligados a comparecer si no quieren. El ex primer ministro Tony Blair confirmó ayer que acudirá a declarar si es convocado. El informe final podrá divulgar toda la información que quieran los investigadores, "excepto la que sea esencial para nuestra seguridad nacional", explicó Brown.

¿Por qué, pues, ha sido tan mal recibida la iniciativa? Porque el primer ministro ha hecho todo lo necesario para despolitizar la investigación. Las declaraciones de los testigos serán en privado, la investigación será conducida por académicos y funcionarios, y serán expresamente excluidos de la comisión investigadora los políticos y los militares, aunque, obviamente, serán invitados a prestar declaración. Porque el informe final será un mero relato, sin conclusiones políticas, sin recomendaciones sobre el futuro, sin delimitar responsabilidades sobre los errores o los engaños que salgan a la luz.

"No debe permitirse que el Gobierno pueda cerrar la puerta a esta investigación de la misma manera en que fue a esta guerra: en secreto", dijo Nick Clegg, líder de los liberales-demócratas, el único gran partido británico que siempre se opuso a la invasión.