La UE declara 1,5 millones de votos "sospechosos" de fraude en las elecciones afganas

Los observadores de la Unión Europea (UE) han declarado que al menos un millón y medio de votos en las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto en Afganistán son sospechosos de fraude. Según datos del organismo europeo, tres de cada cuatro corresponden supuestamente al actual presidente afgano, Hamid Karzai.

Naciones Unidas (ONU) decidió ayer recontar los votos del 10% de los colegios afganos. La Comisión de Quejas Electorales, dependiente de la ONU, ordenó este recuento ante la incredulidad general por las cifras comunicadas que atribuyen el 54,3% de sufragios a Karzai, suficientes para hacer innecesaria una segunda vuelta. El principal rival de Karzai, Abdulá Abdulá, ha obtenido el 28,3% de los votos, según el organismo electoral. De hecho, la ONU ya había puesto en duda la victoria de Karzai ante las denuncias en más de 600 centros electorales. El equipo de campaña de Karzai ha calificado las declaraciones de los observadores europeos de "irresponsables".

Javier Solana, como coordinador de la política exterior comunitaria, dijo ayer que no había que precipitarse y que lo esencial era que al final el resultado fuera creíble. El sueco Carl Bildt, presidente de turno de la UE, subrayó que la credibilidad debería ser a ojos de los afganos. "Todos éramos conscientes de las dificultades" inherentes a tal consulta, organizada por los afganos tras 30 años de caos político, indicó Bildt, quien ironizó sobre la tasa de participación, estimada en el 30%-35%, al decir que "es decente para los estándares del Parlamento Europeo", que en junio sólo movilizó al 43% de los electores.

La Unión Europea se prepara para participar en la enésima conferencia internacional sobre Afganistán, auspiciada por Berlín y Londres y apoyada por toda la UE. La conferencia quiere mostrar el apoyo de la comunidad internacional al Gobierno que salga de las urnas con vistas a allegar los recursos que permitan dejar Afganistán en manos de los afganos en un plazo de unos cuatro años, como insistió Steinmeier ante sus homólogos de la UE.