El Tribunal Superior vasco suspende los decretos que dan prioridad al euskera
Una plataforma ciudadana los recurrió cuando varios colegios eliminaron la posibilidad de estudiar en castellano
Los decretos aprobados por el anterior Departamento de Educación vasco, en manos de Eusko Alkartasuna (EA), que fijaban el euskera como lengua principal en las etapas de Infantil y Bachillerato tienen sus días contados. Ya lo advirtió el nuevo Gobierno autónomo del PSE y ayer el Tribunal Superior vasco estrechó aún más el cerco al suspender de manera cautelar la aplicación de ambos en los artículos que fijan la lengua vasca como la vehicular en la escuela. El tribunal acepta así la petición de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, apoyada por la actual consejería de Educación.
Cuando hace unas semanas el tribunal se dirigió al departamento, que ahora dirige la socialista Isabel Celaá, solicitándole su opinión sobre la suspensión antes de tomar una decisión, la consejera respaldó esa medida. El Ejecutivo defiende que tanto el euskera como el castellano tengan el mismo rango en las aulas.
La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística se formó durante el curso pasado, cuando varios colegios decidieron suprimir el modelo A de enseñanza (en castellano con el euskera como asignatura) argumentando que debían ir adaptándose a la exigencias del departamento, entonces dirigido por Tontxu Campos, de EA, de primar el euskera por encima del castellano para alcanzar un bilingüismo efectivo al final de la etapa de escolarización obligatoria (los 16 años). La plataforma opinaba que esa normativa acarrea consecuencias negativas para la formación de los alumnos y para los centros escolares.
Derecho fundamental
En su auto, el tribunal recuerda algunos de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, como que "una inmersión lingüística en el ciclo inicial atentaría al principio de respeto del libre desarrollo de la personalidad que lleva a la exigencia de la lengua materna", por lo que "de no suspenderse el precepto se estaría habilitando y legitimando a los poderes públicos para conculcar un derecho fundamental".
El Superior, que no se pronunciará sobre el fondo de la cuestión hasta dentro de varios meses, constata que el Departamento de Educación no se opone a la suspensión de los decretos. Por este motivo, estima que "procede acceder" a esa suspensión "sin necesidad de mayor argumentación" dada la conformidad de la Administración educativa con esta medida.
