Competencia acecha a los profesionales

Zapatero interrumpió sus vacaciones, y las de sus ministros, el 14 de agosto para convocar un consejo. En la reunión, el Gobierno se comprometió a aprobar antes de final de año un anteproyecto de ley de servicios profesionales. Ante esto, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha querido fijar su posición al respecto. El pasado lunes 15 de septiembre presentó un informe disparando contra pilares básicos del poder de los colegios profesionales -los que agrupan a arquitectos, médicos, ingenieros...-. Las andanadas apuntan, sin bajar al detalle, a la colegiación obligatoria, los honorarios orientativos o las restricciones publicitarias.

El Informe sobre el sector de los servicios profesionales y los colegios profesionales ha escocido entre los afectados. Jesús Rodríguez Cortezo, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, afirma: "No sé qué sentido tiene la publicación de este informe". Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, asociación que representa a 40 consejos profesionales, y del Consejo General de la Abogacía, expresa una queja general: "Para elaborar este informe no se nos ha consultado".

El informe apunta contra algunos de los pilares del poder de los colegios

"En las del informe salvedades veo a la abogacía", dice el decano madrileño

Los consumidores, en cambio, se alinean con la CNC. "Pertenecer a un colegio profesional no es sinónimo de calidad. Consideramos que lo importante es que los profesionales tengan un seguro de responsabilidad civil obligatorio", declara la Organización de Consumidores y Usuarios.

Detrás del anuncio del Gobierno está la Directiva Europea de Servicios que persigue una mayor liberalización del sector. El Ejecutivo tiene de plazo hasta finales de 2009 para implantarla. El 28 de julio se reunió con los representantes de los colegios. Ahora recibe el documento de Competencia, y será tenido en cuenta, según el Ministerio de Economía.

Ya en 1992, las autoridades fijaron su atención en los profesionales para incentivar la competencia. El Tribunal de la Competencia, antecedente del órgano actual, realizó un informe con recomendaciones estimadas en parte por Ejecutivos posteriores en las reformas de un sector que se rige por una Ley aprobada en 1974.

Estos cambios no han sido suficientes para la CNC: "Las reformas acometidas no han solucionado algunos de los problemas del sector y perviven en el mismo situaciones que alteran la libre competencia entre los profesionales. Entre 1992 y junio de 2008, los expedientes sancionadores a colegios profesionales han ascendido al 10% del total.

"Las principales restricciones a la competencia son las que establecen barreras de entrada colegiales al ejercicio profesional [...]; las que [...] pretenden defender reservas de actividad que carecen de amparo legal; las restricciones relacionadas con precios tanto a través de la fijación de honorarios como de los visados; y las restricciones a la publicidad", reza el informe.

Algunos de estos puntos no son nuevos, según Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España. A priori, él está a favor de más competencia, de acabar con las restricciones publicitarias y los honorarios orientativos; y de no cobrar por los visados siempre que den valor al producto.

Los arquitectos y los abogados son más críticos en este punto. Defienden los honorarios orientativos, aunque por motivos distintos. "¿Es malo que ayudemos a los colegiados a valorar lo que cuesta redactar un proyecto? Es simplemente una orientación", afirma la decana de los arquitectos madrileños, Paloma Sobrini. Antonio Hernández Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid, se apoya en la legalidad de la existencia de criterios orientadores que sirvan, por ejemplo, para calcular las costas judiciales. Sobrini también sale al paso de las críticas a los visados: "El visado garantiza que ese técnico es arquitecto y que el contenido del proyecto presenta la normativa necesaria".

Pese a estos puntos concretos, Pich y otros responsables de colegios piden más concreción: "Es positivo que la comisión valore la importancia de los servicios profesionales. Ahora, si hay unos colegios que ponen trabas al ejercicio de la profesión, lo que hay que hacer es decirlo".

Fuentes de la institución aludida contestan que el informe, no vinculante para el Gobierno, sólo pretende abrir un debate sobre el tema. Ponen como ejemplo la reserva de actividad para determinadas titulaciones ligadas a una profesión y un colegio: "No queremos que caigan todas en el mismo saco. Muchas de las regulaciones están amparadas en la legalidad. Lo que queremos es que se haga la reflexión sobre la reserva de actividad y sobre otros temas".

Relacionado con este punto está la colegiación obligatoria y la unión entre título y profesión. "En principio, puedo estar de acuerdo. Hay muchos colegios, sobre todo de carácter autonómico, que no responden ni a una titulación académica superior ni a un interés general, pero eso no es para generalizar", afirma Carnicer. Hernández Gil precisa: "Cuando habla de salvedades, veo a la abogacía, por su vinculación al interés general. Lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Los biólogos temen que los cambios previstos acaben por afectar a las nuevas profesiones, entre las cuales si sitúa la suya. "Estas reformas o son para todos o no. Nos tememos que esto sirva para cercenar la aparición con fuerza de las profesiones emergentes", afirma Camprubí.

También ha molestado a los colegios el ataque a los fines que la Ley les asigna: la representación exclusiva de las profesiones, la defensa de los intereses de los colegiados y la ordenación del ejercicio de las profesiones, especialmente en el segundo caso.

"Parece evidente que no persigue el objetivo de mejora de la calidad [...] o el mantenimiento de conductas favorables a los clientes", afirma la CNC.

La respuesta de Carnicer es airada: "Parece que los colegios seamos profesiones anacrónicas que sólo miramos por nuestros asociados". A él se suman los responsables de los arquitectos e ingenieros industriales de Madrid. "Nuestros colegios son un mecanismo para garantizar la calidad de servicios a la sociedad", afirma el último.