Tormentas sobre el apagón

Más de 320.000 catalanes se quedaron sin luz durante tres días de julio. Endesa y Red Eléctrica de España (REE) intentaron explicar a su modo las causas del gran apagón, pero sólo consiguieron tirarse los trastos a la cabeza. Por fin, un relamido informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el regulador del mercado eléctrico en España, ha canonizado puntillosamente las causas del desastre mediante un recurso escolástico: a Endesa se le cayó un cable sobre una instalación de Red Eléctrica y, con la calculadora en la mano, es responsable de dejar a oscuras a 40.000 usuarios; REE es culpable de la oscuridad de más de 280.000, porque no fue capaz de reparar los daños causados en un plazo razonable. Por descontado, la CNE orilla explicar quién rayos -nunca mejor dicho- gestionó la red eléctrica de Barcelona desde 1997, porque eso exigiría rastrear la aplicación de inversiones de Endesa en Cataluña durante un decenio o descubrir que la CNE o los responsables políticos catalanes se preocuparon lo justo, es decir, nada, de imponer el cumplimiento de unas calidades mínimas en el suministro. Tampoco parece contar demasiado para los árbitros eléctricos que Endesa tuviera el contrato de gestión de las estaciones damnificadas -Collblanc y Maragall- hasta diciembre de 2005. Es más fácil atribuir a cada compañía un número de afectados y confiar en que el avisado lector del informe identifique la abultada cantidad de damnificados de REE y la modesta de Endesa con la cuota de culpabilidad que hay que reclamar. Siempre es más fácil señalar con el dedo a una empresa semipública que afear la conducta a otra cuyos directivos pueden organizar cualquier vodevil mediático con la Constitución en bandolera.

La red de transporte que esté soterrada deberá pasar a titularidad de las distribuidoras; ésa es la norma crucial que debatirá el Parlament

Las compañías eléctricas no están de acuerdo con el operador único de transporte y pretenden recuperar la red de 220 kilovatios

Por más oscuro que parezca, el gran apagón es la excusa perfecta para obtener grandes rentabilidades políticas. A según qué fuerzas vivas de Cataluña -a CiU, por ejemplo- y a según qué facciones de la Generalitat -a ERC, sin ir más lejos- no le gusta que REE, una empresa con un 20% de capital público y marca España, controle el transporte eléctrico en Cataluña. Prefieren con mucho una empresa aromatizada de catalán y FECSA, marca en Cataluña de Endesa, cumple ese requisito.

Desde el otro flanco, Endesa e Iberdrola arrastran un indisimulado malhumor por la presencia de REE en el transporte eléctrico de las ciudades. Una breve aclaración histórica. En 2002, el Gobierno de Aznar cayó en la cuenta de que algunas compañías eléctricas iban a vender parte de su red de transporte a compañías extranjeras. Rodrigo Rato, ese gran liberal vicepresidente económico entonces, miró, saltó y anduvo en probaturas hasta que consiguió que REE, controlada por el Gobierno, adquiriese el cableado en venta. Iberdrola, Endesa y otras eléctricas hicieron caja con la venta pero, que casualidad, al comprador no se le ocurrió la minucia de reclamar una auditoría para comprobar el estado de los activos comprados a pesar de la evidente cochambre de muchos de ellos.

Los efectos de aquel cambalache han sido un fracaso. Las eléctricas privadas reniegan de la norma que impone un transportista único -el límite son esos preciados 220 kilovatios- y presionan para recuperar el cableado de 220 kilovoltios que vendieron entonces, porque la retribución de esos activos es individualizada mientras que los activos de distribución -por debajo de 132 kilovatios- se retribuyen en función de la cuota de mercado, que ni sube, ni baja, ni todo lo contrario. REE sufre porque se enfrenta a problemas de distribución a los consumidores para los que, como demuestra el apagón, está poco preparada; y menos con la mala calidad de los tendidos, estaciones y subestaciones que, al menos en Cataluña, recibió de Endesa.

Con esta tensión de fondo, la Generalitat ha aterrizado con gran estrépito para ponerse al lado de Endesa y ajustar las cuentas a REE. El pasado 25 de septiembre, el Consell Executiu de la Generalitat aprobó una proposición de ley que, en la práctica, permitirá la expulsión de Red Eléctrica de las grandes ciudades catalanas. Establece que la red eléctrica tiene que estar mallada, es decir, que cada centro de transformación dentro de la ciudad debe estar conectado al menos por tres puntos. Pero también, y esto es lo importante, que los cables eléctricos soterrados de 220 kilovatios que transiten por municipios con más de 20.000 suministros y sus instalaciones subsidiarias (hoy de REE) serán titularidad de las empresas distribuidoras (es decir, de Endesa). Así que bastará que un Ayuntamiento, preocupado por la calidad del suministro, reclame el soterramiento del tendido de 220 para que pasen a propiedad de la distribuidora. La proposición no desciende a la trivialidad de revelar quién financia las obras, ni si es aplicable a activos presentes o futuros, ni descubre a través de qué conjuro mágico se transmutará la propiedad de la red, porque el titular de un derecho o activo no está obligado a cederlo ni a venderlo, esté a dos metros bajo tierra o a flor de suelo. Tampoco ilustra, faltaría más, sobre las condiciones de precio o plazo de la supuesta transacción obligada.

A nadie debe sorprender la inepcia de la proposición. Responde a la retorcida práctica de que en España los que deciden no son los mismos que pagan y al motivo probable, compartido entre las fuerzas vivas catalanas y Endesa, de reducir la presencia de REE de las ciudades catalanas. El mallado de la red eléctrica en Barcelona, orillado por Endesa en los últimos diez años, debe ser un objetivo prioritario de inversión, pero no está tan claro quién debe pagar el soterramiento de los cables cuya decisión parecen atribuirse la Generalitat o los ayuntamientos.

Un berengenal

Si cupiera esperar del Ministerio de Industria, silencioso observador de este berenjenal, algún gesto de firmeza, bien podría ejercerlo con la imposición de las siguientes condiciones inexcusables para precisar y desarrollar la propuesta del Consell: 1. Todos los soterramientos deberán ser autorizados, uno por uno, por el departamento del señor Clos; 2. La tarifa, es decir, la bolsa constituida por los ingresos que provienen de los recibos de todos los consumidores españoles, sufragará el mallado de la red de Barcelona; lujos como los cables soterrados deberán cargarse en las cuentas autonómicas o municipales; 3. Si finalmente, y como efecto de un debate en el Parlament, resultara que el cableado de 220 bajo tierra y las estaciones y subestaciones añadidas debe caer en manos de Endesa u otra distribuidora privada, el precio de venta de los activos debería ser al menos de 7,98 veces el Ebitda de esos activos, es decir, de los ingresos reconocidos que se derivan del flujo de caja a fecha de hoy. Porque ésa es exactamente la cantidad que pagó REE a Endesa por los cables e "instalaciones subsidiarias" a partir de 2003.

Seguro que la Generalitat, Endesa, las fuerzas vivas catalanas y la propia CNE son los primeros interesados en defender que el vaivén de compraventas no tenga como efecto secundario que las plusvalías se quedan en el sector privado, como en tiempos del INI franquista.