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Reportaje:

Atún, la invasión 'pacífica'

Los acuerdos de la UE con Papúa y las islas Fiyi amenazan a la industria conservera comunitaria y española

El atún constituye un producto clave en el conjunto de la industria conservera española y comunitaria, tanto desde la perspectiva de la materia prima utilizada por las empresas como por el volumen que supone en el empleo y las ventas agregadas del sector. Esta importancia se traslada a los países de la zona de África, Caribe y Pacífico (ACP), así como a otros países con Sistema de Preferencia Arancelaria Generalizada (SPG) con elevadas exportaciones hacia el mercado comunitario y donde han hecho grandes inversiones empresas conserveras comunitarias y muy especialmente españolas.

Esta situación del sector en la Unión Europea (UE) y en esos terceros países puede saltar por los aires, con los consiguientes efectos sobre la actividad industrial y el empleo, consecuencia de la aplicación del Acuerdo de Asociación Económica suscrito entre la UE y los Estados del Pacífico, representados por las islas Fiyi y, sobre todo, por Papúa Nueva Guinea.

Esos países podrán exportar sin arancel y control de capturas en origen
Su producción de conservas puede acaparar el 50% del mercado de la UE

El acuerdo con esos países, entre otros puntos, contiene dos cuestiones que pueden tener un efecto muy importante sobre el conjunto de la industria conservera comunitaria: la supresión de aranceles y la no obligación de cumplir en origen las normas sobre capturas.

Tradicionalmente, en el marco de los compromisos comunitarios sobre sostenibilidad de los caladeros, para autorizar las importaciones de productos de la pesca transformados, Bruselas exigía a esos países la justificación de que esos productos hubieran sido capturados de acuerdo con las normas internacionales establecidas, y que no procedían de barcos dedicados a la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada. El nuevo acuerdo elimina esta condición de control.

Mientras para otros países que exportan productos de la pesca hacia la UE se mantiene esa exigencia, la supresión de la misma para las islas Fiyi y, sobre todo, para Papúa Nueva Guinea puede dar lugar a que ese país se convierta en el punto donde acudan a descargar sus capturas de atún todos los barcos que operan en la zona, lo hagan de forma legal o ilegal. Desde la perspectiva de la sostenibilidad de los caladeros del Pacífico, el acuerdo puede suponer un incentivo para el aumento de este tipo de pesquerías. Eso supondría agravar más la ya deteriorada situación de los caladeros, con un impacto negativo sobre las comunidades pesqueras locales, que operan con barcos de menor tamaño, en beneficio de los grandes grupos mundiales de la pesca.

La otra modificación que introduce el acuerdo es la eliminación de los aranceles para ese tipo de exportaciones a los países comunitarios, frente al tipo del 24% que abonan los productos del atún procedentes de otros países asiáticos, y muy especialmente de Tailandia, que es el mayor productor del mundo. Los países ACP o los que se benefician en la actualidad del Sistema de Preferencia Generalizada tampoco abonan aranceles por acceder al mercado comunitario, pero sí deben cumplir las normas sobre el control de las capturas en origen.

Al margen del acuerdo, un tercer punto que también juega a favor del desarrollo de la actividad industrial en esos países del Pacífico es la existencia de unas condiciones laborales muy bajas, lo que supone para las empresas unos mayores niveles de competitividad en los mercados comunitarios.

La existencia de estas condiciones ventajosas desde la política de capturas, desembarques o arancelarias, ha despertado ya el interés de las autoridades de Papúa Nueva Guinea, pero también de los grandes grupos conserveros del mundo.

Desde el Gobierno de ese país se ha desarrollado un espacio, la Pacific Marine Industrial Zone, donde los barcos de pesca extranjeros tengan los muelles y las instalaciones necesarios para el desarrollo de sus tareas de desembarque, así como terrenos adecuados para la construcción de las industrias transformadoras. En la actualidad, en esos Estados ya operan y ampliarán sus negocios grandes grupos mundiales de la pesca como Frabelle, R. D. Tuna Cannery, South Seas Tuna Company, PAFCO, Ocean Trade Company, Tosa Bussan Limited, Golden Ocean Fisheries, Hangton Pacific Company o Fiji Fish

Marketing Group.

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Mariscos y Pescados de España (Anfaco) se considera que todas estas condiciones hacen atractiva la instalación en ese país para cualquier empresa conservera, pero advierten de que ello supondría una deslocalización mundial de las plantas de conservas. "La industria conservera española", señala Juan Vieites, secretario general de Anfaco, "no está dispuesta a cerrar su actividad en España para ubicarse en otras latitudes como Papúa Nueva Guinea", por lo que ello podría suponer de desmantelamiento de una actividad económica ubicaba especialmente en Galicia. "Reclamamos que no se produzca un trato discriminatorio que invite a cerrar el negocio y montarlo en otra parte", añade.

Por ese motivo, los industriales conserveros españoles han señalado su sorpresa cuando el propio presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, les señalaba recientemente que el acuerdo estaba generando unas muy buenas condiciones para la inversión en Papúa Nueva Guinea.

Hoy el principal país productor de conservas de atún es Tailandia, con un volumen de 400.000 toneladas, seguido de España, con 216.000 toneladas. Según el acuerdo suscrito con la UE, se estima que Papúa Nueva Guinea puede llegar a una producción de 400.000 toneladas, que en su mayor parte se exportarían a los países comunitarios. Eso supondría copar más del 50% de la demanda. Actualmente, la cuota de mercado de este país está entre un 7% y un 8%.

La presa del mercado comunitario

El mercado comunitario de conservas de atún, por el volumen de la demanda y los precios pagados, constituye una presa codiciada por todos los productores del mundo. Se trata de un consumo situado en unas 710.000 toneladas. De esa cifra, la producción de las industrias conserveras comunitarias es de 350.000 toneladas, de las que casi la totalidad, menos una exportación a terceros países de unas 19.000 toneladas, se consumen en los propios países miembros.

Las importaciones procedentes de los países de la zona África, Caribe y Pacífico (ACP) se elevan a otras 225.000 toneladas, y una gran parte del resto procede de países con el Sistema de Preferencia Generalizada, donde ya cuentan con un peso importante los países asiáticos, a pesar de tener un arancel base del 24%, sobre el que se aplican diferentes reducciones.

España es el principal país productor comunitario (el 67,5% de la oferta de conservas de atún, con 216.000 toneladas) y tiene una cuota de mercado en la Unión Europea (UE) superior al 10%, 145 empresas y unos 15.000 empleos directos. En el conjunto de la UE, la industria conservera tiene 25.000 empleos fijos y 50.000 indirectos.

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