Desafíos en la colaboración público-privada
La colaboración público-privada (CPP), como instrumento para el diseño, ejecución y explotación de infraestructuras públicas, presenta indudables ventajas que han potenciado su empleo en los últimos años. Ha permitido la puesta en actividad de infraestructuras cumpliendo la normativa de estabilidad presupuestaria, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión de servicios públicos, contribuyendo a mantener el ritmo inversor, la equidad intergeneracional y a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sin perjuicio de potenciar la transparencia, el control y la estabilidad de la evolución futura del gasto público.
Sin embargo, la CPP se enfrentó desde su inicio a importantes desafíos. En primer lugar, el análisis coste beneficio o "value for money" necesario para validar la idoneidad del método en cada proyecto presenta considerables dificultades técnicas, aunque la mera existencia de este análisis es un avance sobre el modo tradicional de decidir y ejecutar inversiones públicas. En segundo, con las herramientas disponibles actualmente, especialmente las referidos al análisis de riesgos, no todos los sectores son idóneos para utilizar estos esquemas de colaboración pública-privada. Por ejemplo, los proyectos sujetos a un rápido cambio tecnológico aún presentan una tendencia a incrementar su coste debido a la prima de riesgo por evolución tecnológica. Por último, las normas contables del SEC-95 presentan dificultades e incertidumbres, tanto en su definición como en su aplicación, que se superponen a la complejidad de los propios proyectos. La supervisión y validación de los proyectos por una oficina nacional de colaboración público-privada elevaría significativamente la seguridad jurídica de los colaboradores públicos y privados.
El diseño del mapa de riesgos debe priorizar la eficiencia en la gestión del servicio
La crisis económica y financiera añade a los desafíos anteriores la falta de liquidez, la mayor percepción del riesgo, la dificultad para atraer financiación a los proyectos y su encarecimiento, así como el deterioro de concesiones en explotación. En este contexto, haciendo uso de lo que hemos aprendido en el pasado, los nuevos proyectos han de reforzar los siguientes aspectos:
La Administración licitadora ha de contar con un alto rating crediticio y una buena trayectoria a la hora de cumplir sus compromisos, además de capacidad técnica y flexibilidad.
El diseño del mapa de riesgos debe priorizar la eficiencia en la gestión del servicio, para el nivel de prestación y calidad que se determine, con los requerimientos de transmisión de riesgos para garantizar la no consolidación de la deuda en el balance de la Administración, encomendando al colaborador privado únicamente aquellos riesgos que sabe y puede gestionar.
La propia naturaleza de las fórmulas de CPP determina que el "riesgo proyecto" es el que han de valorar los financiadores, de modo que la adecuada formulación del modelo debería hacer innecesaria la prestación de garantías por parte de la Administración, evitando que su presencia distorsione el reparto de riesgos y justifique la consolidación de los activos en las cuentas de la Administración.
La correcta definición en los contratos, tanto de la compensación que, en su caso, pueda corresponder al concesionario como la descripción exhaustiva del valor patrimonial de la inversión, en todos los momentos en que pueda producirse la terminación del contrato y en todas las situaciones que se puedan presentar, incrementa la seguridad jurídica de los colaboradores, permitiendo la obtención de financiación y la optimización de su coste.
La crisis fiscal que afecta a la Administración española dificultará la puesta en actividad de nuevos servicios públicos, por lo que para hallar áreas de desarrollo, la CPP deberá encaminarse a la mejora de la eficiencia de actividades vigentes, mediante adecuación o rehabilitación de infraestructuras que ya existen (brownfield).
Candido Pérez Serrano es socio responsable del área de infraestructuras en KPMG.
