Duelo de 'gallos' en el corral

La pelea está servida. El corral andaba revuelto desde hace tiempo, y no causa sorpresa. A un lado, Fernando Martín, aquel pequeño gran hombre de Valladolid que fundó la inmobiliaria

Martinsa, que se hizo famoso por su efímero paso por la presidencia del Real Madrid y, después, por protagonizar la mayor suspensión de pagos de la historia mercantil de España. Al otro lado, Manuel Jove, otro empresario hecho a sí mismo en sus tierras coruñesas y con el ladrillo por montera, que dio un pelotazo con la venta de su creación, Fadesa, a Martinsa y luego se hizo uno de los principales accionistas del BBVA.

Lejos quedan los tiempos de los apretones de mano y sonrisas anchas. Ahora, los dos gallos se ven las caras con denuncias de por medio. El primero acusa al segundo de haberle engañado en la valoración de los activos que le vendió por 4.045 millones de euros y le reclama 1.576 millones. Su demanda ha sido admitida a trámite por el juzgado número uno de lo Mercantil de A Coruña, el mismo que ha tramitado y levantado el concurso de acreedores que la inmobiliaria Martinsa-Fadesa presentó en julio de 2008. Y, precisamente, el mismo día que el juez levantaba la suspensión de pagos, el pasado 15 de marzo, la empresa aprobaba en junta general extraordinaria iniciar una acción civil de responsabilidad contra los anteriores gestores de

Martín acusa a Jove de haberle dado "datos incorrectos o incluso falsos"...

... y presenta 37 activos de Fadesa con valoraciones distintas de las dadas

Jove contesta que Martín pretende engañar a los accionistas...

... para eludir su responsabilidad en la insolvencia de Martinsa-Fadesa

Fadesa, Manuel Jove y su consejero delegado, Antonio de la Morena.

Fueron unas coincidencias -que fuera el mismo juez y que fuera el mismo día- seguramente buscadas por los asesores de Martín. El caso es que este, "a propuesta de sus principales accionistas" (entre ellos, él mismo), aprovechó la junta para lanzarse a la yugular de Jove. Le culpa de haber diseñado "un plan conscientemente dirigido a obtener una muy notable sobrevaloración de la compañía mediante la aportación de información falsa a la firma responsable de la tasación de los activos, CB Richard Ellis".

Es decir, lo que denuncia Martín no es el precio de adquisición de Fadesa, con el que al parecer estaba de acuerdo después de revisar papel tras papel, sino el daño que han producido esos "datos incorrectos o incluso falsos". La demanda sostiene que "los hechos denunciados suponen una violación de los deberes de lealtad y diligencia que ha causado un daño al patrimonio social por una actuación dolosa o gravemente negligente" y solicita que se condene a Jove y De la Morena a indemnizar con 1.576 millones de euros. También señala que la tasación había desaparecido y no apareció hasta que fue reclamada por el juez en noviembre de 2010. Esta situación crea controversia, pero las fuentes consultadas dicen que el director general de suelo, Bernardino Hernández Poveda, se fue con Jove un tiempo después de vender.

Martín se basa en el informe pericial que encargó a American Appraisal sobre el estado de los activos a fecha de 2006, según fuentes de Martinsa. Según estas fuentes, las incidencias detectadas se basan en: "Valoración de suelos que no eran propiedad de Fadesa; divergencias entre la calificación urbanística considerada y la realmente existente; clasificaciones urbanísticas que no se ajustaban a la realidad, con grados de planeamiento distintos o incluso inexistentes; presentación de suelos no urbanizables; asignación de edificabilidades cuando nunca podían concretarse como tales; valoración como aprovechamiento privativo algunas cesiones a Ayuntamientos sin que hubiera constancia de la compra de la cesión; valoración de promociones en curso desarrolladas en suelo rústico...".

En total, Martinsa ha presentado 37 casos, como el de la Hacienda el Pino, en Cartagena, que se valoró en 245 millones, cuando su valor real es de 7; el de Culleredo (A Coruña) que se valoró en 75 millones, cuando la aprobación había sido revocada en 2006, o el de Guadassuar (Valencia), donde se valoró un suelo no urbanizable de protección agrícola.

Martín, que ha contratado los servicios de Gómez Acebo y Pombo, cree que tiene las de ganar, mientras Jove, que contará con los de Clifford Chance, prefiere guardar silencio hasta que no reciba la notificación de la resolución del juez, "de la que solo se han enterado por la prensa". Solamente se pronunció el primer día, a través de su portavoz, diciendo que era "un auténtico disparate con el que [Martín] pretende eludir su responsabilidad tras haber llevado la empresa a la suspensión de pagos y engañar a los pequeños accionistas desviando la atención sobre su involucración en la insolvencia".

Además de contestar a la demanda, para la que tiene un plazo de 20 días hábiles a partir del momento de su recepción, en el entorno de Martín se da por seguro que Jove va a impugnar la junta extraordinaria de Martinsa-Fadesa y pedir una acción civil de responsabilidad por su parte contra los actuales responsables de la empresa. En ese sentido, se espera que Jove rechace las acusaciones con el argumento de que Richard Ellis siguió valorando los activos dos años más tras la venta, e incluso, les dio mayor valor.

Según esas fuentes, de no haber sido engañado, Martín no habría suspendido pagos con un pasivo de más de 7.000 millones, ahora levantado. En virtud del plan aprobado por el juez, la inmobiliaria se compromete a abonar la deuda sin quitas en un periodo de ocho años desde 2012. El convenio incluye la conversión a préstamos participativos del 15% del crédito ordinario y la amortización en los tres primeros años de entre un 0,25% y un 0,50% del pasivo.