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133 políticos franceses piden a los catalanes que no prohíban los toros

Los defensores de los animales entregan 127.500 firmas más contra las corridas

En la página de Internet de la plataforma Prou!, impulsora de la iniciativa legislativa popular presentada ante el Parlament para prohibir las corridas de toros, hay un reloj que cuenta los días, horas, minutos y segundos que faltan para la votación, prevista para el viernes a las diez de la mañana. La expectación es máxima ante una votación en la que los dos grupos mayoritarios de la Cámara, Convergència i Unió (CiU) y el Partit dels Socialistes (PSC), darán libertad de voto a sus diputados. En ambas filas hay partidarios de los toros, antitaurinos e indiferentes que son contrarios a prohibir. De ellos dependerá que la ILP prospere y se debata o se quede en un proyecto.

El tiempo se agota y los lobbies de uno y otro lado están apurando hasta el último minuto. La Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales entregará hoy 127.500 nuevas firmas contra las corridas toros en el Parlament. Del lado de los taurinos, un grupo de 133 políticos franceses, la mayoría del sur del país, han enviado una carta a los 135 diputados de la Cámara catalana en la que ?"sin ánimo de meternos donde no nos llaman", dicen? les instan a "preservar los valores de libertad individual, de contraste de opiniones y de respeto a los gustos, aficiones y tradiciones culturales de cada uno". "A nosotros nos gustaría que rechazaran esta prohibición", concluyen.

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Los políticos, entre los que figuran el presidente del Consejo General de los Pirineos Orientales, los 42 alcaldes de las ciudades taurinas del sur de Francia, 22 senadores y 68 diputados, recuerdan en su texto que en su país las corridas ?con muerte del toro, como en España? están permitidas "en las zonas de tradición taurina ininterrumpida". "Es el caso del sur de Francia, donde en muchas localidades los toros representan uno de los espectáculos más multitudinarios del calendario festivo y una de las manifestaciones de catalanidad más importantes, junto al rugby", precisan.

La carta, que los diputados del Parlament recibirán a partir de hoy, destaca que "el Estado no debe erigirse en tutor de los ciudadanos imponiendo tradciones o prohibiciones". "La norma debe ser el respeto a la diferencia y a la voluntad individual", dicen. Y añaden: "Si los toros dejan de gustar a una sociedad, se dejarán de organizar corridas y desaparecerán de forma natural". Este argumento, entre otros, es justo el que defienden la Federación de Entidades Taurinas y la Plataforma en Defensa de la Fiesta. Apelando, como la carta de los políticos franceses, a la libertad individual y al respeto a la fiesta, las dos agrupaciones presentarán este miércoles un manifiesto titulado Por la libertad, al que, aseguran, se han adherido ilustres antitaurinos que no ven bien la prohibición.

Incline o no la balanza la carta de los diputados, la presión de los protaurinos o la que están ejerciendo también los impulsores de la prohibición y los colectivos de defensa de los animales, los que afrontan una papeleta más complicada son los dos diputados que hablarán en nombre de los grupos de CiU y el PSC.

El convergente Josep Rull es contrario a los toros, pero deberá explicar las distintas sensibilidades que hay en su grupo: "Los contrarios a prohibir, los que consideran las corridas una expresión cultural que preservar y los que se apoyan en la defensa de los animales". En las filas de CiU hay, además, diputados de Tarragona partidarios de los correbous que temen que si se comienza prohibiendo las corridas se acabe vetando también una fiesta popular que es sagrada en algunos pueblos de las comarcas del Ebro.

Por los socialistas subirá al estrado el diputado David Pérez, reconocidísimo partidario de la fiesta. Es menos explícito que Rull a la hora de adelantar qué dirá: "Intentaré explicar el marco general de las dos posturas, con los argumentos que hay en una dirección y en otra, además de un buen número de diputados que no son partidarios de prohibir".

Canarias vetó las corridas

Canarias prohibió las corridas de toros en 1991. Es la única comunidad autónoma española donde se ha prohibido la fiesta, pero fue casi de carambola. A finales de la década de los ochenta, el entonces diputado de Coalición Canaria, hoy en el Partido Popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, impulsó y defendió la Ley de Protección de los Animales. Cabrera perseguía en realidad acabar con las peleas de gallos, muy populares en zonas rurales de la isla de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Pero, convencido defensor de los animales desde chico, incluyó en el texto la prohibición de la lucha de perros, el tiro de pichón y los toros.

En las islas no se celebraba una corrida desde hacía casi una década. De ahí que la prohibición de matar toros de lidia no suscitara ni el más mínimo debate. "Pasó sin más", recuerda el diputado en conversación telefónica. "Pero no pudimos con las peleas de gallos y con las galleras \[así se llaman los clubes\][LOS CLUBES]. Son pocos, pero fuertes, y hay muchos intereses, sobre todo en las apuestas", añade.

Dimisión del impulsor

"Tal es el arraigo que hasta mi propio grupo se abstuvo. Yo dimití ahí mismo, en el hemiciclo", lamenta. Cabrera permaneció un buen tiempo apartado de la política y de aquello sólo celebra que la nueva ley regularizó algunos aspectos de las peleas de gallos, como el acceso de menores y el veto a las subvenciones.

Cabrera considera las peleas de gallos "una salvajada propia del Tercer Mundo. Con los años han adquirido cierto descrédito social y se considera una práctica de campo, propia de gente poco sensible al sufrimiento animal". Respecto a los toros y la iniciativa legislativa popular en Cataluña, el diputado popular sabe que sus homólogos en la Cámara catalana votarán para que la prohibición no siga adelante. "Sé que apoyan los toros, pero no he hablado con ellos, porque me voy a enfadar. Aunque estoy seguro de que mucha gente no se identifica con la fiesta. Sé que estoy en minoría", concluye.

Lo que desconoce este veterano diputado canario es que la prohibición de los toros en el archipiélago es un argumento que en Cataluña utilizan tanto los pro como los antitaurinos. Los animalistas celebran que otra comunidad los haya prohibido. Y los taurinos replican que sí, que se prohibieron, pero cuando ya no se celebraban corridas.

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