1.481.476 sentencias por ejecutar

Juzgar no es sólo sentenciar. Hay que ejecutar lo juzgado. Es una de las dos lecciones que se extraen del caso Mari Luz. Hasta la muerte de esa niña de cinco años el pasado enero supuestamente a manos del pederasta Santiago del Valle, que, a pesar de tener dos condenas firmes no había ingresado en prisión, la vigilancia estaba puesta en los atascos a la hora de resolver asuntos. Que se cumplieran las sentencias era un problema secundario, en la sombra, a pesar de que en el tercer trimestre de 2007, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, quedaban por cumplir 1.481.476 sentencias en España, 406.665 de ellas procedentes de juzgados penales. Una cantidad excesiva y mal gestionada en la que, según los propios jueces, podrían esconderse decenas de errores similares a los que no pudieron evitar la desaparición y muerte de la menor en Huelva.

El caos en este tipo de expedientes en el campo penal fue denunciado al Consejo en abril de 2004, cuando varios jueces destinados en los juzgados de lo penal especializados en ejecutorias -el sistema por el que se ha optado en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa y Palma de Mallorca para aligerar el trabajo del resto de juzgados de lo penal- provocaron una inspección para que el gobierno de los jueces tuviera constancia de la situación, y organizaron una jornada de trabajo para analizar sus principales problemas y exponerlos al Consejo.

Los juicios rápidos creados con la última reforma procesal del PP -que se celebran en los juzgados de instrucción, pero cuyas sentencias ejecutan los de lo penal- han contribuido a aumentar el atasco, según los propios jueces que ya no deben aplicar sólo sus propias sentencias. Lo mismo ha ocurrido con la Ley Integral de Violencia de Género, que les ha obligado a gestionar y controlar las penas de alejamiento que, en muchos casos, llevan aparejadas las condenas. "El descontrol es tal que cuando los medios recogen la muerte de una mujer a manos de su marido o compañero nos ponemos a rezar para que no haya ocurrido en nuestro partido judicial", asegura una magistrada con años de experiencia en juzgados de lo penal.

El segundo defecto de sistema detectado tras la muerte de Mari Luz es la ausencia de un programa informático único que comunique los juzgados. Jueces y magistrados lo reclamaron hace cuatro años y aunque las consejerías de Justicia de las distintas comunidades autónomas -las competentes en la dotación de medios de juzgados y tribunales donde esas competencias están transferidas- han creado cada una su propia aplicación informática, hasta el momento no están comunicadas. Según el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el Consejo el que debe controlar que esos programas sean compatibles, pero los trabajos en esa dirección -el llamado Punto Neutro judicial- no están muy avanzados. Santiago del Valle tenía cuentas pendientes en cuatro juzgados cuando fue detenido por la muerte de Mari Luz. Ninguno de ellos fue capaz de descubrir el error a pesar de que el pederasta se presentaba cada dos semanas ante el juez puntualmente.