28 encarcelados por el timo de la lotería falsa

Una operación de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF ha terminado con la detención de 87 personas de nacionalidad nigeriana, acusados de estafar unos 170 millones de euros por el timo de las cartas nigerianas. Esta organización remitía todos los días unas 15.000 cartas al extranjero en las que informaban que el receptor había ganado un premio de la Lotería Nacional de España.

Para poder cobrar el importe tenía que hacer entrega de un dinero en concepto de tasas e impuestos. La cantidad que pedían oscilaba entre los 900 y los 90.000 euros, según fuentes policiales. Esta tarde han pasado a disposición judicial los primeros 28 detenidos y el juez ha decidido que ingresen en prisión, según fuentes policiales.

Las investigaciones comenzaron en mayo de 2007 a raíz de las numerosas denuncias presentadas por los afectados en los consulados de España en el extranjero. Procedían de países diversos como Francia, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Los agentes de la UDEF iniciaron las pesquisas hasta que localizaron los pisos que utilizaba la organización. Estos se hallaban en Madrid y en ocho municipios de la periferia (Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Getafe, Leganés y Alcorcón).

La forma de actuar de esta organización era siempre la misma. El procedimiento consiste en el envío masivo de comunicaciones postales o electrónicas desde España al resto del mundo, principalmente por correo postal. La organización manda una carta personalizada en las que se indica que el destinatario ha sido elegido al azar, entre miles de personas de todo el mundo, para participar gratuitamente en un sorteo de la Lotería española. También, comunican a las víctimas que su boleto ha sido premiado, por lo que el destinatario elegido será beneficiario de un premio cuantioso. Para ello, acompañan el envío con toda serie de sellos oficiales falsificados y logotipos de empresas como aseguradoras y bancos. De esta forma, pretenden aumentar su credibilidad ante la víctima. Para facilitar el cobro, la organización facilita unos números de teléfono a los que la víctima debe llamar para indicar la forma en la que desea recibir el dinero, cuya cuantía oscila entre los 600.000 y los 3.000.000 de euros. "Como mandan una media de 15.000 cartas al día, basta que 20 o 30 personas caigan en la trampa para que sus ingresos sean muy altos", explicaron fuentes del caso.

Apariencia de legalidad

En el transcurso de la estafa, la víctima recibe toda clase de documentos supuestamente emitidos por organismos públicos españoles, así como por entidades bancarias y compañías de seguros. Para aportar mayor fiabilidad, dan a estos escritos apariencia de legalidad, a través del formato, sellos, membretes o logotipos de las respectivas instituciones reales o inventadas, aunque siempre se trata de documentos falsos.

Cuando la víctima aceptaba su participación, era requerida sucesivamente para que envíe varias cantidades de dinero, cuya cuantía dependerá del grado de solvencia que los delincuentes descubran o intuyan en su víctima. Estas peticiones de dinero supuestamente se llevan a cabo para pagar impuestos, gastos de custodia, gestión, emisión de certificaciones sobre la legalidad de los fondos, etc.

El final llega cuando la víctima descubre que ha sido estafada o cuando agota sus recursos financieros y ya no puede atender el nuevo requerimiento de pago que siempre le es exigido.

1.200 denuncias

La policía cree que el montante de lo estafado alcanza los 170 millones de euros, dado el alto volumen de envío que tenían los 87 detenidos. Eso sí, los agentes sólo han recibido 1.200 denuncias cuyo montante asciende a unos 20 millones de euros, lo que da una media de 18.000 euros por afectado. "Hay un problema y es que a mucha gente le da vergüenza denunciar que ha sido víctima de un timo. Además, muchos ven que la organización está en España y que no van a poder hacer nada si denuncian en sus países", aseguraron fuentes policiales.

La policía ha practicado 39 registros en los que ha intervenido más de 60.000 cartas, más de 200 ordenadores, teléfonos móviles y gran cantidad de documentos y sellos falsos. Nueve registros han sido en locutorios y los 30 restantes en domicilios.

En esta operación, que se da por concluida en la Comunidad de Madrid, han participado agentes de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, la Comisaría General de Extranjería y Documentación, así como la Comisaría General de Policía Científica, además de diferentes brigadas provinciales y comisarías locales de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.