Más de 400.000 afectados de Fórum y Afinsa exigen recuperar sus ahorros un año después

Unos 460.000 afectados, más de una veintena de imputados, un agujero patrimonial de más de 4.000 millones de euros, conexiones con el caso Ballena Blanca y procesos judiciales en EEUU son algunas de las cifras y hechos que reflejan lo ocurrido tras la intervención de Forum Filatélico y Afinsa de la que hoy se cumple un año.

Actualmente existen cuatro procesos judiciales abiertos, dos en lo penal y otros dos en lo mercantil, y la posibilidad de que se determine la apertura de dos nuevos procesos, en lo contencioso-administrativo, para analizar la posible responsabilidad civil del Estado. Los procesos penales se encuentran aún en fase de instrucción y hasta el momento han sido imputadas más de 20 personas.

Las perspectivas de que los afectados recuperen sus ahorros son escasas y los plazos no están determinados. Según los informes de los administradores concursales de ambas sociedades, con los activos de Forum Filatélico y Afinsa sus clientes no recuperarán más del 20% de lo que tenían invertido en estas compañías.

Protestas de los afectados

La Asociación de usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha pedido esta mañana a los magistrados Baltasar Garzón y Santiago Pedraz, que llevan las causas penales de Fórum Filatélico y Afinsa, que articulen medidas cautelares para reconstruir las sociedades filatélicas mientras prosiguen los procesos contra sus ex gestores.

En un acto celebrado en Madrid, al que han acudido decenas de afectados, el adjunto a la Presidencia de Ausbanc, Angel Garay, ha explicado que la continuidad de las empresas es la "mejor garantía" de que sus clientes puedan recuperar sus inversiones. La asociación ha enviado dos cartas a los jueces para que adopten esa medida.

Los responsables de Ausbanc han pedido a todos los afectados que sigan interponiendo demandas contra el Estado por su responsabilidad en todo lo ocurrido. Para Ausbanc el Estado es responsable porque, si las empresas eran legales, las destruyó con su intervención y, si no lo eran, les permitió actuar durante más de 25 años con plena impunidad. Hasta el momento han interpuesto cerca de 8.000 demandas de responsabilidad patrimonial en las que no sólo pide indemnizaciones por el daño económico sino también por el daño moral provocado por la "brutal intervención y clausura de dos empresas legales", según Garay. En su opinión, las 460.000 familias afectadas no han gozado de "las garantías legales establecidas por la Constitución".

Compensaciones

El PP y CiU han instado al Gobierno en el Congreso y el Senado a crear algún tipo de fondo para compensar a los afectados por la intervención de estas sociedades, iniciativas que siempre han sido rechazadas. El Gobierno ha aprobado la concesión de una línea de crédito del ICO con interés cero para todos los afectados por un valor de 500 millones de euros. Además, ha sacado un anteproyecto de ley de regulación de los bienes tangibles, que cuenta con escaso apoyo entre las organizaciones de consumidores y las comunidades autónomas. Los préstamos, que deberían estar operativos el próximo 15 de junio, están abiertos a todos los afectados por un valor máximo del 15% del capital invertido en ambas sociedades, hasta un límite de 3.000 euros.

Pocos días después de la intervención, el Gobierno aprobó la concesión de dos millones de euros a las organizaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios para el asesoramiento y la defensa de los afectados creó una ventanilla única de atención a los perjudicados en los procesos penales y concursales.