72 'polizones' y nueve millones de euros defraudados

- El expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento administrativo contemplado en la legislación española mediante el que una empresa en crisis busca obtener autorización administrativa para suspender o despedir a muchos trabajadores. La solicitud del ERE debe ser enviada a la autoridad laboral competente para conseguir la autorización de despedir a los trabajadores. En el caso de Andalucía este organismo es la Junta de Andalucía. La solicitud debe ir acompañada de una memoria explicativa de las causas y motivos del despido colectivo, el número y funciones de los trabajadores afectados y la documentación que acredite el estado de la empresa.

- La Junta de Andalucía decidió ayudar con subvenciones a empresas para que pudieran acometer los ERE. La Administración solo puede conceder ayudas sociales a los trabajadores de más de 60 años que hayan sufrido un despido colectivo en un ERE. En el caso de los ERE de Andalucía se ha denunciado que no existían criterios fijos para determinar a quién y cómo se otorgaban las ayudas.

- Entre 2001 y 2008 la Junta manejó un fondo de 647 millones de euros que se distribuyeron de manera discrecional entre las empresas en crisis. Es el denominado "Fondo de Reptiles", término acuñado por el ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, también implicado en el caso de los ERE de Mercasevilla. De los 647 millones, se defraudaron nueve millones, el 1.39%.

- En los ERE de las empresas beneficiarias se infiltraron los denominados intrusos o polizones, ediles, sindicalistas e intermediarios que sin pertenecer a aquellas, se beneficiaron de las pólizas de los expedientes de empleo.

- La inclusión se hizo gracias a la connivencia de aseguradoras, consultoras y altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que era quien autorizaba los pagos.

- La trama que se ha lucrado con los ERE lo ha hecho a través de la consultora Vitalia y del conseguidor Juan Lanzas. Los conseguidores son quienes gestionan ante la Junta las subvenciones para las empresas.

- Desde 2001 la Intervención General emitió tres informes cuestionando este proceso que no se atendieron por no ser vinculantes

- Se estima que 6.096 empleados están recibiendo ayudas públicas. La Junta ha identificado a 72 intrusos entre los 1.569 trabajadores que ha investigado.