ANV asume que le "ha llegado la hora" de la ilegalización
Los dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) Arantxa Urkaregi y Galder Olibares, este último también alcalde de Igorre (Vizcaya), reconocieron ayer que este partido histórico, último reducto legal que le queda a la izquierda abertzale, ha asumido que le ha "llegado la hora" de su ilegalización. Aunque desconocen cuándo se va a producir, perciben que están en el "punto de mira" y que el PSOE ya ha activado toda la maquinaria "policial, mediática y judicial", según explicaron ayer en una rueda de prensa en Bilbao.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaró ayer que las Fuerzas de Seguridad no han dejado de investigar a ANV desde que reapareció en la vida política. Y precisó que al Gobierno "no le temblará el pulso" y aplicará la Ley de Partidos, aunque sólo lo hará si tiene datos para ilegalizar a ANV.
Los dirigentes de ANV fueron preguntados sobre la existencia de una cuenta bancaria que recibe ingresos de sus militantes en los ayuntamientos gobernados por este partido para ser revertidos en cuentas de dirigentes de Batasuna, como publicó este periódico sobre la investigación judicial. Urkaregi replicó en euskera: "No valoramos informes policiales basados en argumentos sucios". Y añadió que la ilegalización de ANV no es una cuestión jurídica, sino política, que obedece a la estrategia de acoso y represión del PSOE "contra los derechos de Euskal Herria".
No condena los ataques
La dirigente abertzale criticó la reciente declaración de la Mesa del Parlamento vasco según la cual quien no rechaza la violencia pierde la legitimidad para reclamar sus derechos. ANV, que gobierna desde mayo más de 40 ayuntamientos, no ha condenado, al igual que EHAK en el Parlamento vasco, ninguno de los atentados de ETA. Según Urkaregi, la legitimidad se la dan a ANV los 200.000 votos que reclama como propios.
Con el mismo argumento que la víspera utilizó el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, la dirigente de ANV denunció "la hipocresía" que supone la exigencia de condenar el atentado de Balmaseda contra la sede del PSE, el mismo día que "la política criminal del PSOE ha matado a un familiar de un preso", por la muerte en carretera de la suegra de un preso etarra cuando iba a visitarlo a la prisión de Teruel.
